LA RESOLUCIÓN DEL Congreso de desaforar al magistrado Jorge Ramírez va más allá de quitarle la protección al impartidor de justicia, mostró, dicen los malosos que quieren poner sus barbas a remojar, la decisión del gobernador Javier Corral de pegarle a la mesa sin medir consecuencia; es decir, las decisiones así son y se ajustan todos.
El caso no sólo mortificó al magistrado Ramírez, pues hizo que en el PAN se levantaran las antenas en cuanto a las próximas decisiones que tendrán que tomarse con miras al 2021. Y es que el caso que se vivió ayer en el Congreso, dijeron los malosos que le saben, deja ver que el tornado que viene de Palacio se dejará sentir aún y cuando se lleve por delante a propios y extraños.
******
COMO LO DIJIMOS hace algunas entregas, la decisión del Congreso del Estado en torno a desaforar o no al magistrado Ramírez no tenía combate alguno, sin embargo, en el trayecto del proceso las fallas llevarían a ensuciar el asunto procedimental, tal cual pasó, lo que llevará el caso a instancias más allá de lo contemplado.
Le explico. La Comisión Jurisdiccional, por el voto de la mayoría, determinó un “no ha lugar” al desafuero por lo siguiente:
“Ni en la audiencia de pruebas y alegatos ni tampoco en la solicitud de declaración de procedencia de fecha 3 de enero de 2020, se justificó por parte de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Chihuahua, que los documentos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, señalados en los puntos 24.1 y 24.2 ya referidos, hayan sido obtenidos por el Ministerio Público mediante una orden judicial; al contrario, de la citada solicitud de declaración de procedencia, se desprende que los mismos fueron allegados a la investigación ministerial por el Licenciado Genaro Molina Frías, en su carácter de Contralor del Poder Judicial del Estado de Chihuahua.
…Lo anterior, toda vez que la norma Constitucional invocada es muy clara al referir: “La ley establecerá los procedimientos para que les sea entregada dicha información”; sin embargo, en el caso en concreto, ni el Ministerio Público ni el Contralor del Poder Judicial del Estado de Chihuahua justificaron que dicha información se les entregó conforme los procedimientos que establece la ley”.
Es decir, todo el medio de prueba no tenía procedencia debido a que había sido recabado no de la manera correcta y legal.
Sin embargo, todo se tripuló para que aún y no importando lo que la propia Comisión había determinado, se votó y se desechó dicho análisis y de forma económica el pleno camaral, sin mediar análisis y confiados en una laguna legislativa, decidió dar un sentido contrario al propio dictamen de la Comisión.
Los entretelones son sólo la primera parte de esta novela que promete más de un capítulo.
******
EL QUE COMENZÓ la defensa legal contra la intención del gobierno federal de quitarles a los municipios los ingreso del Derecho de Alumbrado Público y de paso el Impuesto Universitario que beneficia a la UACH y a la UACJ, es el consejero Jurídico del Estado, Jorge Espinoza Cortés, quien envió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, un recurso de reclamación en contra de las acciones de inconstitucionalidad que interpusieron la Presidencia de la República y la CNDH en contra del cobro del DAP y del Impuesto Universitario, mismo que según nos enteramos, fue recibido desde el miércoles en la SCJN y el ministro Arturo Zaldívar, presidente de la Corte, firmó de recibido.
Y es que el populismo es tal por parte de la 4T, que aunque no dan, sí se la pasan quitando, sobretodo porque la mayoría de los recursos federales están siendo utilizados en programas sociales, no así en el federalismo, y mucho menos en fortalecer a los municipios, ni se diga de las universidades.
******
HABLANDO DE LOS municipios, la que dio un golpe sobre la mesa y puso orden al interior de su gabinete es la alcaldesa Maru Campos, luego de los desafortunados dichos del ya exdirector del Instituto Municipal del Deporte, Alonso Leytaf, a quien lo misógino le brotó por los poros y en una conferencia de prensa, vaya, ni cómo ayudarlo, y aunque así fuera, no son los momentos para exhibir su sentir y lo que opina de las mujeres, además, los malosos nos comentan que los morenos y defensores de la 4T, podrían utilizar las palabras de Leytaf para exhibir que algunos panistas, no todos, pero sí, la mayoría, se subieron al feminismo por oportunista. Por lo pronto, la presidenta municipal demostró que sus convicciones y la búsqueda de respeto van más allá de sus amistades.
******
AUNQUE EN UN principio se vislumbró, incluso se dijo que lo buscaron desde la cúpula de Morena para que los abanderará como candidato en el 2018, el exalcalde Marco Adán Quezada cada vez está más cerca del morenismo que del Colectivo Ciudadano que fundó junto al alcalde Armando Cabada, tal como se lo dijimos ayer, sin embargo, la hipótesis de que participará en las elecciones del 21 bajo esos guindas colores no sólo se reforzó por el desayuno que compartió con el senador Cruz Pérez Cuéllar, sino por el resurgimiento en Morena del grupo de Bertha Luján, presidenta del Consejo Nacional y tía de Fernando Tiscareño, expriista y exsecretario particular del ojiverde exalcalde, los cuales en una de esas se vuelven a juntar.
******
VAYA PROBLEMA EN el que metieron unos presuntos malos agentes a la División de la Policía Vial que dirige Javier Palacios, quien, hay que decirlo, se ha esforzado en limpiar y pulir el accionar de la corporación que desde toda la vida y durante todos los sexenios ha tenido pésima fama, y aunque ahí la llevaban en eso de librarse de broncas porque el jefe de la Poli Vial los traía cortitos, ayer quedó confirmada una denuncia en contra de varios agentes viales por presuntamente violar tumultuariamente a una mujer que fue detenida por conducir en estado de ebriedad, es decir, en plena guerra de los delincuentes en contra de la Comisión Estatal de Seguridad y el incremento de las violaciones y feminicidios en México, a los mencionados policías viales se les ocurre cometer sus fechorías, vaya, nada los detuvo para también ellos delinquir.
Esto sucede prácticamente al mismo tiempo en que por instrucciones del Comisionado Estatal de Seguridad Pública, Óscar Aparicio, el titular de Vialidad tendrá qiue viajar en breve al estado de Nuevo León para conocer un modelo de videovigilancia que se utiliza por parte de la institución homóloga en el municipio de Escobedo, que incluye un modelo de seguridad vial que tiende a eliminar al máximo los actos de corrupción por parte de los agentes de tránsito, así como eficientar la prevención de accidentes cometidos por la influencia del consumo de alcohol y otras drogas.
El modelo que aplica aquella localidad en términos de Justicia Cívica, alcanza a los agentes de vialidad, y aunque aquí en Chihuahua la instancia en cuestión es estatal, se decidió entrarle al tema que ya se empieza a implementar en la Policía Municipal, pero que no podría ser ajeno a la Dirección de Vialidad.
De entrarle al tema, la corporación que maneja Javier Palacios y que se encuentra en el organigrama de la CES, estaría encaminándose a modelos de justicia alternativa, con la implementación de nuevos modelos que incluyen fuertes inversiones en tecnología, ya que se tendrían que implementar nuevas cámaras de solapas con mayor alcance en cuanto a videograbación de imagen y sonido, así como personal de monitoreos aleatorios y no solamente a petición expresa, así como la creación de la figura de un “juez cívico” en lugar de jueces calificadores de infracciones. Vaya, todo un cambio de paradigmas al que le decidieron entrar Aparcio y Palacios, en aras de colocar en una vitrina transparente la actividad del agente vial, con lo cual se busca no solamente eliminar los actos de corrupción, sino de proteger la actuación de los elementos que sí portan el uniforme con un real compromiso de servicio, y que son los más que se ven afectados por las conductas de los menos, como la que se mencionó párrafos arriba y que desafortunadamente son las que más impactan socialmente.
Source: Columna