Pues bueno. No se tenía que ser adivino o pitonisa para augurar que tras la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en torno a la inconstitucionalidad de las penas de 30 a 70 años en contra de extorsionadores en el estado de Chihuahua, se vendría un incremento considerable en la comisión del delito, mismo que con el recrudecimiento de las penas y la reforma al Código Penal del Estado durante el sexenio de César Duarte, se logró contener y disminuir de una manera considerable, pero que apenas y la Corte le dio entrada al proyecto de inconstitucionalidad que presentó el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, esos avances que se tenían respecto a la contención de las extorsiones, han sufrido un retroceso, tanto, que ya hasta la Fiscalía General del Estado y la SSPE lanzaron una alerta ante los casos que se han presentado recientemente, en donde delincuentes se hacen pasar por integrantes del crimen organizado para extorsionar a comerciantes y ciudadanos.
Y es que por más que juren y perjuren que ese tipo de decisiones en la Corte no afectan y sólo brindan un sentido de constitucionalidad y de derechos humanos, lo cierto es que en un país tan violento como es México, es necesario contar con un verdadero Estado de Derecho cuando de derechos humanos se trata, porque de plano no somos ni Suiza ni Dinamarca, como para poner primero la “humanidad” de los criminales, cuando ellos no se tientan el corazón para delinquir y afectar en su patrimonio e integridad a los humanos de bien.
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Para no cortar el hilo de la inseguridad y la violencia que lacera todos los rincones del país, en donde después de nueve meses de tranquilidad, los homicidios han vuelto a ocurrir un día sí y el otro también, es en el municipio de Cuauhtémoc, y es que con el inicio de la tercera gestión de Beto Pérez como alcalde, la espiral violenta que venía padeciendo ese municipio manzanero desde el inicio del quinquenio de Javier Corral, se controló de una manera casi milagrosa, inclusive sacando a Cuauhtémoc de los 50 municipios más violentos del país, sin embargo, algo grave ocurrió en los últimos días, que de repente los asesinatos al estilo del crimen organizado han vuelto a ser una constante, razón por la que ya los integrantes de la Mesa de Seguridad traen en la mira la estrategia a mejorar en esa tierra de las manzanas.
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Y fue allá en Cuauhtémoc en donde el súper delegado Juan Carlos Loera anunció que mañana estará en Ciudad Juárez otro funcionario de la 4T, se trata del director general del Repuve, quien viene a observar él mismo cómo va el avance del registro vehicular, aunado a que se prevé que a los Servidores de la Nación anden en eso de la regularización de “chuecos”, con eso de que ya son el ajonjolí de todos los moles respecto a los programas de la 4T, pues tal parece que al gobierno federal y a Morena les han resultado unos excelentes operadores electorales.
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Dicen que por motivos de salud, pero los malosos afirman que es más bien por estrategia leguleya, lo cierto es que “haiga sido como haiga sido”, la audiencia que se tenía prevista para hoy en contra de Jorge Issa, exsecretario de Administración del Congreso del Estado, y en cuya gestión salieron volando de las cuentas bancarias del Legislativo, algo así como 16 millones de pesos, fue aplazada para el próximo miércoles 22 de junio, día en que Issa deberá presentarse ante un juez de control para la audiencia inicial por ese presunto desvío, dinero que correspondía a la cuenta de ahorro de diputados locales que integraron la pasada Legislatura en la que Issa hizo y deshizo a su antojo y bajo el manto protector de su exjefe, Javier Corral.
Source: Columna