El polémico empresario Ricardo Salinas Pliego acusó de ladrona a la diputada federal del Partido del Trabajo (PT), Lilia Aguilar Gil, tras su pronunciamiento a favor de cobrar más a quienes más tienen en la Cámara de Diputados el pasado miércoles.
Ahí, Aguilar Jiménez cuestionó a quienes, desde la oposición, hablan de dinero y defienden los intereses de los sectores más ricos del país.
“Hay que tasar a los ricos de este país”, expresó la legisladora, al referirse a lo que consideró una deuda pendiente del movimiento al que pertenece en materia de recaudación fiscal. Aguilar Gil sostuvo que la responsabilidad debe centrarse en quienes tienen mayores recursos económicos y capacidad contributiva.
En su intervención, la diputada también lanzó críticas contra quienes, según dijo, se consideran con mayor autoridad para hablar de dinero por su apariencia o vestimenta. “No solamente tenemos la conciencia del pueblo de México, sino que además sabemos cómo y dónde debemos recaudar”, afirmó, antes de acusar a sus adversarios políticos de defender a los más acaudalados y actuar como sus “valientes sirvientes”, aunque, añadió, a veces resultan “no tan valientes”.
El pronunciamiento adquirió mayor notoriedad después de que Ricardo Salinas Pliego difundiera el video en sus redes sociales y acompañara la publicación con el siguiente comentario textual dirigido a la legisladora: “Es ladrona, amante de lo ajeno, bien chueca”.
El intercambio exhibe el choque entre dos posturas sobre la distribución de las cargas fiscales y los intereses económicos que, de acuerdo con cada parte, se encuentran detrás de las decisiones políticas. Mientras Aguilar Gil plantea que quienes más tienen deben contribuir más a las finanzas públicas, Salinas Pliego respondió con acusaciones personales que elevan el tono de la confrontación.
La discusión coloca nuevamente en el centro del debate la política recaudatoria, la responsabilidad de los grandes capitales y el papel de los representantes populares al defender sus posiciones frente a empresarios y adversarios políticos. Las descalificaciones difundidas por el empresario constituyen señalamientos en redes sociales y, por sí mismas, no acreditan la comisión de algún delito por parte de la diputada.
