La desaparición de un grupo de trabajadores mineros en el municipio de Concordia, Sinaloa, estaría vinculada a prácticas de extorsión ejercidas por organizaciones criminales que operan en la región, informó el fiscal general del estado, César Jáuregui Moreno. De acuerdo con la autoridad, estas acciones formarían parte de un esquema de presión del crimen organizado sobre la actividad minera.
El fiscal detalló que, aunque de manera pública se ha señalado que hay dos personas originarias de Chihuahua entre las víctimas, la Fiscalía estatal solo cuenta con un reporte formal de desaparición. El caso oficialmente registrado corresponde a Jesús Antonio De la O Valdez, chihuahuense que fue privado de la libertad el pasado 23 de enero mientras realizaba su trabajo en una zona minera de Sinaloa.
Jesús Antonio forma parte de un grupo de 10 mineros que permanecen desaparecidos. Su caso ha generado una fuerte reacción social, especialmente en redes, donde familiares, amigos y ciudadanos han impulsado una campaña para exigir su localización. Bajo el lema “Nos falta Toño”, los mensajes insisten en que su desaparición ocurrió mientras desempeñaba una actividad lícita y profesional.
Además, dentro del mismo grupo se reporta la desaparición de Saúl Alberto Ochoa Pérez, originario de Meoqui, Chihuahua, cuya familia mantiene activa su ficha de búsqueda y la exigencia de respuestas claras por parte de las autoridades. Los familiares de los trabajadores coinciden en una demanda central: que ningún trabajador vuelva a ser víctima de la violencia por el simple hecho de ganarse la vida.
