Francisco Garduño Yáñez, excomisionado del Instituto Nacional de Migración (INM) acaba de obtener el sobreseimiento de la causa penal 237/2023, luego de que un juez federal considerara cumplidas las condiciones impuestas para la suspensión condicional del proceso por ejercicio indebido del servicio público.
En el expediente está la tragedia del 27 de marzo de 2023, cuando 40 personas migrantes murieron al quedar atrapados en el incendio de la estación migratoria de Ciudad Juárez.
Ayer, mientras el asunto avanzaba por la vía judicial hacia su cierre, un grupo de manifestantes le recordó a Garduño, a gritos y de frente, el calificativo que de asesino.
Las consignas exhiben una herida que sigue abierta en esta frontera. Una cosa es que un juez determine que se cumplieron las condiciones legales para cerrar un proceso y otra, muy distinta, que las familias de las víctimas encuentren en esa resolución una respuesta satisfactoria a su dolor.
Las 40 víctimas se convierten en una cifra archivada junto con el expediente. Estas personas, que se reducen a una cifra, llegaron a México buscando una oportunidad, huyendo de la pobreza, la violencia o la desesperación, y que terminaron muriendo bajo custodia del Estado mexicano.
Garduño representa una de las herencias más incómodas del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Después del incendio, el entonces presidente mantuvo al frente del INM a un funcionario cuya institución había quedado bajo el reflector por una catástrofe de proporciones internacionales.
El desastre debe entenderse en el contexto migratorio de aquellos años. En la recta final del sexenio de López Obrador, el tránsito de personas por México alcanzó dimensiones extraordinarias.
Por carreteras, caminos y trenes, miles de migrantes avanzaban hacia la frontera norte, expuestos a redes criminales, extorsionadores, secuestradores y traficantes de personas. La capacidad del Estado para ordenar esos flujos, proteger a quienes transitaban por el país y responder a una emergencia humanitaria quedó severamente cuestionada.
En ese escenario, la estación migratoria de Ciudad Juárez terminó convertida en el símbolo más brutal de una política que fallida en procurar condiciones mínimas de seguridad para quienes estaban bajo custodia oficial.
Y aunque el incendio dejó 40 muertos de manera inmediata y visible, la tragedia migratoria fue mucho más extensa al derivar en personas desaparecidas, víctimas de secuestro, extorsión y trata, además de quienes murieron durante el trayecto sin que sus historias alcanzaran siquiera los titulares.
La vulnerabilidad de los migrantes los convirtió en presa fácil de delincuentes y, en distintos episodios, de abusos institucionales.
Hoy, cuando los registros reportan una caída considerable de los flujos migratorios irregulares respecto de los máximos alcanzados en años recientes, queda claro que la dimensión del fenómeno también fue por decisiones políticas y operativas.
Las restricciones, los cambios en los controles fronterizos y la cooperación entre México y Estados Unidos han modificado el panorama. Sin embargo, reducir el tránsito no borra las omisiones del pasado ni responde por sí solo a quienes perdieron la vida en territorio mexicano.
Hasta mañana.
