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Juez penal reconoce hechos y renuncia al cargo tras primera audiencia

La contundencia de la investigación ministerial permitió a la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Chihuahua obtener un resultado favorable desde la primera audiencia del proceso seguido contra el juez penal de iniciales M.J.T., quien reconoció los hechos que le fueron imputados, aceptó el auto de vinculación a proceso y manifestó su decisión de renunciar de inmediato al cargo de Juez de Primera Instancia Penal del Distrito Judicial Hidalgo.

La audiencia se prolongó por más de siete horas, tiempo durante el cual el Ministerio Público de la Fiscalía Anticorrupción presentó los elementos de convicción recabados durante la investigación. El juez que conoció del caso determinó que los datos aportados permitían establecer la posibilidad de la comisión de un delito y dictó el auto de vinculación a proceso.

Posteriormente, la defensa solicitó la suspensión del proceso como una solución alterna contemplada por la legislación. Entre las condiciones establecidas se encuentra la renuncia inmediata de M.J.T. al cargo de juzgador, además de abstenerse de acercarse a las personas relacionadas con la investigación, establecer un domicilio fijo, mantener una actividad laboral lícita y realizar firma mensual ante la autoridad de Servicios Previos al Juicio.

El imputado también deberá atender los llamados de las autoridades competentes y desistirse de los recursos legales pendientes relacionados con este caso, incluidos los medios de defensa y solicitudes de suspensión que previamente habían sido promovidos. La Fiscalía Anticorrupción señaló que el resultado es consecuencia de una investigación sustentada en elementos objetivos y una carpeta debidamente integrada.

La FACH destacó que el caso representa un resultado concreto desde la primera audiencia y sostuvo que las investigaciones por hechos de corrupción deben traducirse en acciones ante la autoridad judicial. Reiteró que la aplicación de la ley debe realizarse sin distinción de cargos o investiduras y bajo los principios de legalidad, objetividad, debido proceso y respeto a los derechos humanos.

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