El viernes pasado, una reportera de nuestro portal de noticias salió de una rueda de prensa celebrada en el Pueblito Mexicano y mientras caminaba para Sali del edificio, un guardia de seguridad le llamó la atención porque, según él, estaba tomando fotografías y video.
“Han pasado cosas aquí, por lo que no se permite tomar fotografías ni videos”, le dijo ante la incredulidad de nuestra compañera.
“Ni siquiera estoy tomando imágenes. Y aunque lo estuviera haciendo, tengo derecho”, le respondió.
La explicación parecía suficiente para terminar el episodio. Sin embargo, el guardia decidió llamar a un superior. Llegó otro elemento con exactamente la misma postura. Fue hasta que nuestra compañera explicó nuevamente que acababa de cubrir un evento oficial cuando la tensión se disipó y el incidente quedó atrás.
Los guardias de seguridad cumplen una función muy específica: ejecutar protocolos e instrucciones. Difícilmente diseñan políticas públicas desde la caseta de vigilancia. Cuando dos personas actúan bajo el mismo criterio, resulta natural preguntarse de dónde provino esa instrucción.
¿Existe realmente una orden para cuestionar a cualquier persona que tome fotografías dentro de un edificio público? ¿Alguien interpretó equivocadamente un protocolo? ¿Fue un exceso de entusiasmo de algún mando intermedio? Las respuestas las conocen quienes dirigen ese complejo administrativo.
Pero como las lenguas viperinas son más largas que la cuaresma, nos permiten entrar en el sinuoso terreno de las elucubraciones.
La primera hipótesis tiene que ver con el calendario político. Conforme se acercan los tiempos electorales, la piel de muchos servidores públicos suele volverse extraordinariamente delgada, paradójicamente, porque es cuando más señalamientos y embustes enfrentan.
Un teléfono celular deja de ser un aparato de comunicación para convertirse, en su imaginación, en un potencial enemigo. Cada fotografía puede terminar en redes sociales. Cada video puede documentar una conducta indebida. Cada transmisión en vivo puede convertirse en un dolor de cabeza para quienes prefieren administrar la imagen antes que la realidad.
La segunda hipótesis encuentra sustento en el ambiente político que vive Chihuahua. La relación entre el Gobierno del Estado y el Municipio atraviesa uno de sus momentos más ásperos.
Durante las últimas semanas se han cruzado señalamientos por diversos acontecimientos, entre ellos incendios registrados en distintos puntos de la ciudad. Incluso han surgido declaraciones que involucran a actores políticos como la diputada Xóchitl Contreras, en medio de una confrontación que cada día escala un peldaño más.
Cuando el ambiente se enrarece, también aparecen decisiones que, vistas desde fuera, parecen responder más al nerviosismo que al sentido común.
Existe una tercera posibilidad, quizá la más inquietante de todas. Tal vez alguien considera que conviene limitar la presencia de cámaras porque cualquier evidencia visual puede convertirse en un problema, porque hay conductas indebidas y hasta ilegales.
Esa hipótesis, desde luego, solamente podría confirmarse con hechos. Mientras tanto, permanece exactamente donde debe permanecer: en el terreno de las preguntas. Porque cuando una institución pública desarrolla alergia a las cámaras, el primer síntoma suele ser la desconfianza hacia los ciudadanos.
Lo verdaderamente preocupante es la normalización de estas conductas. Los edificios públicos pertenecen a la sociedad. Se construyen con recursos públicos, se mantienen con recursos públicos y albergan servidores públicos. Salvo las restricciones previstas expresamente por la ley para proteger áreas sensibles o información reservada, la regla general es la publicidad, no el ocultamiento.
Mucho menos puede un guardia decidir, por criterio propio, qué ciudadano puede sacar un teléfono y cuál debe guardarlo… Parece lógico que en este caso no fue así.
Hasta mañana.
