Es tan patético y abusivo el asunto que uno debe suponer exceso de mala fe. Expliquémoslo: una mujer pone su panza como incubadora, un irresponsable aporta el espermatozoide y un tercero, de buena fe, pone la paternidad y con ello compromete casi de por vida su cartera.
Este último, convencido mediante engaños de que es el padre, termina pagando la pensión alimenticia. Y si algún día descubre que el chamaco no lleva su sangre, pues ¡se amuela! Así, con todas sus letras.
Ese parece ser el mensaje de la discusión jurídica del ADR 5065/2025, en la que nuestra muy honorable Suprema Corte echó mano del interés superior de la niñez para sostener que el menor no tiene por qué perder sus derechos alimentarios por una situación que no provocó.
Pero claro que el niño no tiene la culpa. ¡Faltaba más! Pero resulta que el incauto al que engañaron tampoco tiene vela en ese entierro, aunque a ese sí le toca pagar los platos rotos.
¿Y los demás qué? ¿Dónde quedó la responsabilidad de quien permitió o sostuvo el engaño? ¿Qué pasó con el padre biológico, si es que sabía de la existencia del menor? ¿Acaso alguien se tomó la molestia de analizar las consecuencias para quienes participaron en esa historia y, sobre todo, cómo evitar que semejante situación se convierta en una fórmula para cargarle las obligaciones a quien resulte más fácil?
Porque, visto desde esta perspectiva, el negocio está redondo: la madre queda fuera de cualquier cuestionamiento, el padre biológico puede seguir tranquilamente su camino y al tercero engañado le aseguran mensualidades por tiempo indefinido. ¡Qué eficiencia! Todos muy preocupados por los derechos del niño, pero aparentemente nadie demasiado interesado en los derechos de quien fue víctima de una mentira.
Que quede claro: el Estado tiene la obligación de proteger a niñas y niños. El interés superior de la niñez no está a discusión y sus derechos alimentarios merecen toda la protección. Pero una cosa es garantizar que un menor no quede desamparado y otra muy distinta utilizar ese principio como una especie de salvoconducto para ignorar el engaño, la deslealtad y las responsabilidades de quienes lo provocaron.
La justicia no debería funcionar como una tómbola donde se determina a quién le caen los fregazos y quién se va limpio a su casa. Si para proteger los derechos de una persona se pisotean los de otra, sin siquiera examinar las responsabilidades de quienes originaron el conflicto, no estamos frente a un ejercicio de justicia racional, sino ante una solución cómoda, parcial y de consecuencias bastante peligrosas.
Lo verdaderamente aberrante es el nivel tan pírrico del debate que parece conformarse con resolver una parte del problema y hacerse de la vista gorda con todo lo demás. A nuestra poco honorable Corte ya no le basta un fuerte extrañamiento social. Hay decisiones que merecen una crítica mucho más contundente.
Hasta mañana







