La omisión del Estado en el cumplimiento de la recomendación emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos por el asesinato de Marisela Escobedo, ha generado que las organizaciones civiles trabajen en el caso para llevarlo hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Las recomendaciones emitidas por el órgano nacional de derechos humanos indican que el gobierno debía realizar una disculpa pública por el homicidio de la activista, quien fue asesinada en las afueras de Palacio de Gobierno, siendo esto el punto más sencillo y que tampoco se ha dado cumplimiento.
Las otras consideraciones emitidas por la comisión señalaban la sanción de las autoridades del Estado, incluyendo al gobernador de la entidad, César Duarte Jáquez, y a quien fungía como fiscal general al momento del asesinato, Carlos Manuel Salas.
En este mismo sentido, la comisión también exigía a las autoridades del estado continuar con las investigaciones pero no desde la línea de investigación de la Fiscalía General, sino conforme a lo proporcionado por la propia familia de Marisela Escobedo, quien fue asesinada por buscar justicia ante el homicidio de su hija Rubí Marisol de 17 años.
Lucha Castro, defensora de los derechos humanos de las mujeres, manifestó que aún continúan trabajando en el caso que presentarán ante la CIDH para solicitar el apoyo de instancias internacionales que obligen al Estado a no dar “carpetazo” al asesinato de las dos mujeres chihuahuenses.
Aclaró que uno de los puntos que debe tener cumplimiento cabal, es el relacionado a las sanciones a las autoridades del Estado, debido a que estos hicieron caso omiso a la solicitud de protección que presentó la Comisión Estatal de Derechos Humanos de las Mujeres (Cedehm) para la defensa de Escobedo.
Marisela había entregado a la Fiscalía General los nombres de los elementos policíacos que estaban protegiendo al asesino de su hija Rubí. Por esta información se solicitó la protección de la activista, la cual no fue concedida por las autoridades.
“Un ocho de diciembre Marisela entregó los nombres de los policías que protegían al asesino de Rubí, esta información está perdida, desapareció de las carpetas de investigación. Además no hay sanciones a los funcionarios que omiteiron la protección y el gobernador se ha negado a ofrecer la disculpa pública”, manifestó la activista.