Tras la aprobación por parte del Pleno del Poder Legislativo para reformar los artículos 107 y 123 de la Constitución Política en materia de Justicia Laboral, el Congreso del Estado de Chihuahua se convierte en la séptima entidad que busca mejorar las condiciones de empleo a grupos vulnerables, personas con discapacidad, se protegerán los derechos de las niñas, niños y adolecentes, al tipificar como delito, el trabajo fuera del círculo familiar y se establece la edad mínima para trabajar.
La Comisión Segunda de Gobernación y Puntos Constitucionales, que preside la diputada del PRD, Crystal Tovar Aragón, presentó la minuta de Proyecto de Decreto por el que se pretende reformar los artículos antes mencionados, a efecto de someterla a consideración del Pleno del Congreso local, dado que al ser promovida a petición del Presidente de la República, deberá ser aprobada por la mayoría de las legislaturas de los Estados para su entrada en vigor.
“Los integrantes de esta comisión coincidimos en que la propuesta de reforma a la Constitución Federal en materia de justicia procesal laboral, es una de las propuestas de la Justicia Cotidiana con mayor relevancia en materia de justicia y desarrollo social y jurisdiccional, al permitir dar los elementos para adoptar una cultura de derechos”, resaltó la legisladora perredista, al presentar ante el Pleno, el dictamen.
La iniciativa propone la reforma de fondo al derecho procesal del trabajo, a partir de tres premisas fundamentales:
La justicia laboral debe ser impartida en lo sucesivo, por órganos del Poder Judicial Federal o de los poderes judiciales locales, según corresponda.
Se propone replantear la función conciliatoria, para que quede a cargo de Centros de Conciliación Especializados e Imparciales. Para que la instancia conciliatoria resulte eficaz para las partes, se propone que esta etapa procesal conste de una sola audiencia obligatoria con fecha y hora debidamente fijadas de manera expedita, en tanto que las subsecuentes audiencias de conciliación sólo se realicen con el acuerdo de las partes el tiempo que de común acuerdo determinen.
Se propone revisar el sistema de distribución de competencias entre las autoridades federales y locales, para lo cual, se contempla la creación de un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal que tendrá la facultad, entre otras, de atender el registro de todos los contratos colectivos de trabajo y de las organizaciones sindicales, así como todos los procesos administrativos inherentes a dichas materias. El organismo tendrá a su cargo, la función conciliatoria en el orden federal.
El titular de este organismo será designado, tras la previa selección de una terna, con la participación del Ejecutivo Federal y del Senado de la República, tal y como acontece en la designación de los titulares de otras instituciones nacionales.