Las Comisiones Unidas de Agua Potable y Saneamiento y de Recursos Hidráulicos aprobaron en lo general, con 31 votos, el dictamen que expide la Ley General de Aguas; contempla garantizar una dotación de 50 litros diarios de líquido para cada habitante del país, mantiene los recursos hidráulicos como propiedad de la nación y trata el asunto como de seguridad nacional.
Establece las competencias de los tres órdenes de gobierno para garantizar el derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible.
De igual forma, manifiesta que los distintos niveles de gobierno deberán implementar proyectos para mejorar la distribución del agua, alcanzar la cobertura universal y asegurar la autosuficiencia y sostenibilidad del sector hídrico.
El dictamen comprende, además, políticas para la protección y conservación del medio ambiente y el mismo recurso, así como aspectos de educación, cultura, ciencia y tecnología del agua, y acciones tendentes a lograr la profesionalización y certificación en ese rubro.
Considera el derecho de acceso a la información en materia de recursos hidráulicos, su infraestructura y servicios relacionados, a través de la creación del Sistema Nacional de Información del Agua.
Asimismo, mantiene las disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales en materia de concesiones para la explotación, uso y aprovechamiento del recuso, al señalar las reglas para su otorgamiento, prórroga, transmisión, derechos y obligaciones de los concesionarios, y presenta la regulación del trasvase, definido como la explotación y aprovechamiento de aguas nacionales trasladadas de una cuenca para ser usadas en una distinta, sin que mantengan una conexión natural.
El diputado Kamel Athie Flores (PRI), presidente de la Comisión de Agua Potable y Saneamiento, señaló que las reservas del dictamen serán discutidas ante el Pleno de la Cámara.
Refirió que es responsabilidad del Estado garantizar el suministro de agua y subrayó que la Ley General de Aguas define las bases para el uso justo y equitativo de los recursos hidráulicos.
Destacó que con el fin de proteger los recursos se retoman medidas de prevención de contaminación, y a quien así lo haga, precisó, se podrá suspender actividades o clausurar obras de infraestructura temporal o definitivamente, revocar concesiones y sancionar con multas que irían de 200 a 50 mil días de salario mínimo vigentes en el Distrito Federal.
Agregó que la ley asegura que los recursos hidráulicos “sigan como propiedad de los mexicanos, ya que no se privatizan. El agua no es sólo un tema ecológico, se cruza con aspectos sociales, de salud y libertad. Es el recurso más importante para asegurar el futuro”.