Los indígenas que radican en las zonas serranas de la entidad de Chihuahua se han visto aplastados por proyectos turísticos y energéticos, los cuales han desgajado las tierras ancestrales y han generado un exodo entre las comunidades de las cuatro diferentes etnias.
Uno de los problemas mayoritarios que han sido señalados por las comunidades es la falta de consulta pública, ya sea una consulta institucional o hasta una consulta informal. Las empresas, tal es el caso de TransCanadá con el gasoducto en la zona serrana, se han instalado y comenzado a desgastar una tierra que no les pertenece.
La Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) trabaja en una serie de capacitaciones para las autoridades de las comunidades en materia de justicia y sobre todo en relación al tema del desarrollo de consultas públicas, como una herramienta para su propia defensa ante aquellos que amenazan su cultura.
A pesar de las acciones transversales que señala la CDI, los pueblos indígenas se han visto en la necesidad de solicitar asesores legales o asesores comunitarios ajenos a instituciones de gobierno, puesto que en ocasiones la misma burocracia -y en otras la corrupción- les ha negado los avances en la defensa de las tierras.
Los conflictos más recientes con los que cuenta la entidad chihuahuense se centran en la construcción del gasoducto, proyecto energético manejado por empresas canadienses, mismas transnacional que ha emprendido un juego sucio en el que buscan abolir un amparo presentado por las comunidades para el freno de la construcción.
En este caso, indígenas de San Luis de Majimachi y de la comunidad de Pito Real, han buscado apoyo ajeno a las instituciones puesto que se han visto engañados por los empresarios, mismos que se han aprovechado de factores culturales para juntar firmas y presentar documentos donde los pueblos piden abolir el recurso de amparo.
Azucena Ruiz Zúñiga, delegada del CDI, detalló que además del apoyo que se le está otorgando a los pueblos indígenas en materia legal, se están trabajando en una serie de políticas transversales relacionadas con la educación, la salud y la alimentación de los indígenas.