Mediante un análisis jurídico realizado por la coordinadora de la bancada de Morena, Leticia Ortega Máynez, se desprende que el Congreso del Estado estaría avalando la violación de la Constitución y la Carta Magna con la presentación de la obra “El Libro Negro de la Nueva Izquierda” de los argentinas Agustín Laje y Nicolás Márquez.
Debido a que la obra no cuenta con aval académico y se conforma de un discurso de odio contra sectores sociales, diputados de Morena, PRD y Partido Verde solicitaron la discusión de esta presentación ante el Pleno, lo cual no fue permitido, e incluso presentaron una solicitud para no permitir esta presentación en el Congreso.
La solicitud fue presentada ante la diputada presidenta de la mesa directiva, Karina Velázquez Ramirez, y el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Jesús Villarreal Macías, quienes turnaron dicho tema a la secretaría de asuntos interinstitucionales.
La legisladora de Morena detalló que de entrada la presentación del libro en el edificio legislativo viola el artículo sexto constitucional, el cual determina que si bien la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, si tendrá limitaciones en caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público.
La diputada agrega que el Congreso estaría violentando el artículo primero de la Carta Magna, mismo que establece que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.”
Otro artículo que se estaría violentando caería en el 33 de la Carta Magna, pues indica que los extranjeros no podrán de ninguna manera inmiscuirse en los asuntos políticos del país; ambos autores estarían interviniendo en asuntos políticos de la actual legislatura, la cual trabaja en la armonización de la legislación en materia de derechos humanos.
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