El Senador David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo de la Comisión de Asuntos Indígenas, habló con respecto al acceso a la justicia de los pueblos indígenas y llamó “inadmisible” que existan más de 8,000 indígenas que se encuentren compurgando penas en los centros penitenciarios de Chiapas, Chihuahua, Distrito Federal, Guerrero, Oaxaca y Veracruz, cuando sólo existan 28 defensores públicos en todo el país que conocen de las lenguas indígenas, según reporta la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.
“La población indígena vive a diario la marginación, la pobreza y la violación a sus derechos; un claro ejemplo de esto es la dificultad para gozar de un efectivo acceso a la justicia, asunto pendiente en la agenda del país. El 14 de agosto de 2001 se reformó la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y se estableció en el artículo Segundo que en todos los juicios y procedimientos en que sean parte los indígenas, individual o colectivamente se tomarán en cuenta sus costumbres y especificidades culturales respetando los preceptos de la Constitución”, dijo.
Señaló que se establece que los indígenas tienen en todo tiempo el derecho de ser asistidos por intérpretes y defensores que tengan conocimiento de su lengua y su cultura y se exige a las entidades realizar las adecuaciones a las leyes federales y constituciones locales que procedan y reglamenten lo aquí estipulado.
Es decir, desde hace 15 años constitucionalmente los pueblos indígenas tienen el derecho de contar con intérpretes o traductores que conozcan sus costumbres durante todo los procedimientos judiciales que sean parte, pero lamentablemente la realidad dista mucho de la teoría.
“Por tal razón felicito a la Comisión de Asuntos Indígenas, presidida por el Senador Eviel Pérez Magaña, pues con el presente dictamen se exhorta al Poder Ejecutivo y Legislativos Estatales a que incorporen en su legislación las normas necesarias para hacer efectivo el derecho de acceso a la justicia de los pueblos indígenas. También se solicita a los Poderes Ejecutivo y Judicial, Estatal a sus órganos de defensa de los derechos humanos a que valoren la pertinencia de celebrar convenios de colaboración con el Inali, Instituto Nacional de Lenguas Indígenas para acceder a los servicios de traducción e interpretación. Y, finalmente, se solicita a la Cámara de Diputados para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación del 2016, se consideren recursos presupuestales para la procuración de justicia y defensa de los derechos humanos de los pueblos indígenas”, señaló.