El Congreso de Chihuahua envió una iniciativa de Decreto al Congreso de la Unión, para reformar la Ley General de Responsabilidades Administrativas y con ello abonar a la cultura de cero tolerancia frente a la violencia de género y el abuso dentro de las instituciones públicas, mejorando el bienestar general y la confianza en las autoridades.
Con la propuesta emitida se propone incorporar las figuras de acoso laboral, acoso sexual, abuso sexual y hostigamiento sexual en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, detallando conductas específicas como intimidación, humillación, amenazas, abuso físico y actos lascivos sin consentimiento, tanto en el ámbito laboral como en el contexto jerárquico de las relaciones laborales.
En este sentido, detalló la diputada Irlanda Márquez Nolasco, integrante de la Comisión de Justicia, se busca visibilizar y sancionar dichas conductas dentro del marco legal administrativo, estableciendo mecanismos claros para la protección de las víctimas, con un enfoque de género, a la par de garantizar un trato digno en el ámbito laboral público, alineándose con los derechos humanos reconocidos en la Constitución y tratados internacionales.
En primer lugar, esto permitiría visibilizar y abordar de manera explícita conductas que, aunque ya están prohibidas por otras leyes y convenciones internacionales, no tienen una regulación específica en el ámbito administrativo mexicano. Al integrar estas conductas en la ley, se envía un mensaje claro de que cualquier abuso de poder o violencia dentro del sector público será sancionado de forma rigurosa, asegurando que las víctimas reciban la protección que merecen.
El beneficio principal de esta reforma será garantizar la seguridad y el respeto a los derechos humanos de los servidores públicos, creando un ambiente laboral más saludable, libre de violencia y discriminación. También fomentaría la responsabilidad y la rendición de cuentas dentro del gobierno, estableciendo consecuencias claras para aquellos que incurran en comportamientos abusivos.
Es importante mencionar que la iniciativa que dio pie a la propuesta ante el Congreso de la Unión, refiere la falta de una regulación efectiva en la Ley General de Responsabilidades Administrativas sobre el acoso laboral, acoso sexual, hostigamiento sexual y abuso sexual en el ámbito de los servidores públicos en México, lo que dificulta la prevención, sanción y erradicación de estas prácticas en las instituciones públicas.
Finalmente, al contar con mecanismos más específicos y claros para la sanción de los comportamientos, también se fortalecería la perspectiva de género en la administración pública, promoviendo la igualdad de trato y la no discriminación en el lugar de trabajo.
Source: Local
