Diversas organizaciones internacionales de derechos humanos condenaron hoy el asesinato del activista Juan Ontiveros Ramos y solicitaron al Estado justicia expedita.
La Federacion Internacional de Derechos Humanos (FIDH) señaló que estos asesinatos son responsabilidad de la inacción de las autoridades para garantizar protección ante la vulnerabilidad de las comunidades indígenas en la Sierra Tarahumara.
Exigieron que de manera inmediata se tomen medidas que garanticen la seguridad en las comunidades y que permitan el retorno de las familias desplazadas en la zona serrana a causa de la violencia generada por el crimen organizado.
Señalaron su preocupación por este asesinato, debido que hace quince días también fue asesinado el activista indígena Isidro Baldenegro, también en la Sierra de Chihuahua.
De la misma forma, Amnistía Internacional y la Oficina de Derechos humanos de las Naciones Unidad condenaron el asesinato y exigieron a las autoridades una investigación en el caso y la captura de los responsables.
El gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, manifestó que ya cuentan con la identificación y órdenes de aprehensión en contra de los responsables de los dos activistas indígenas asesinados durante este año en el estado.
“La ONU-DH subraya que la mejor manera de evitar que este tipo de crímenes contra las y los defensores sigan sucediendo es no permitiendo que permanezcan en la impunidad y asegurando que las víctimas obtengan justicia y reparación”, señaló la organización.
El relator de derechos humanos en Chihuahua, Michel Forst, señaló que durante su visita a Chihuahua se familiarizó con la situación que enfrentan las y los defensores de derechos humanos que protegen los derechos de la población indígena Rarámuri, en particular los riesgos originados por el crimen organizado y la falta de protección por parte de las autoridades, por tales motivos, el experto llamó a las autoridades federales y estatales a asegurarse de que se investiguen debidamente todos los delitos contra los defensores de los derechos de los pueblos de la Sierra Tarahumara.
De la misma manera solicitaron protección para la comunidad de Choreachi en cumplimiento de las medidas cautelares adoptados por la CIDH y acciones efectivas por parte de la Secretaría de Gobernación para avanzar en la alerta preventiva ara personas defensoras de derechos humanos y periodistas.