El Centro de Derechos Humanos de la Mujer (Cedehm) denunció la sentencia que se le dio a un hombre que mató a una policia, debido a que su pena fue de 15 años cuando lo mínimo que se le puede interponer es una sentencia de treinta años, según destacaron mediante un comunicado de prensa.
Jazmín Nayeli Rodríguez Gallardo, era una joven funcionaria pública del Gobierno de Chihuahua que trabajó inicialmente en la Fiscalía de Atención a Víctimas y posteriormente como policía estatal. Al igual de cientos de mujeres en esta entidad federativa, esta joven de 26 años fue víctima de violencia familiar desatendida, cuyo resultado fue el homicidio por parte de su ex pareja.
Oscar Campos Nava, el feminicida, cumplió sus amenazas al esperarla afuera de la casa de su madre, arrebatarle la pistola que portaba Jazmín y con ella la asesinó. Posteriormente huyó al extranjero; no obstante, mediante un proceso de extradición, el feminicida fue llevado a juicio y finalmente se le sentenció a quince años de prisión.
La madre de la joven asesinada, Bertha Alicia Gallardo acudió a la Cedehm para solicitar asesoría legal, por lo que al realizar las indagaciones con la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres, estos le indicaron que la pena se dio porque esto no fue un feminicidio ya que el arma utilizada fue una pistola de nueve milímetros, siendo este el criterio.
Denunciaron además que la mujer denunció a diferentes dependencias la violencia que estaba viviendo, pero la respuesta fue solo que por su condición de policía no debía de permitir las agresiones.
Por tales razones, se está exigiendo lo siguiente:
Primero: una explicación detallada a la madre de Jazmín sobre el proceso y veredicto dictado en el caso de su hija, especialmente sobre la pena impuesta y la reparación del daño moral otorgado, tema continuamente ausente en las sentencias penales.
Segundo: una revisión a fondo sobre el actuar del Juez César Miguel Rodríguez Martínez, Juez del Tribunal Oral, al haber dictado una sentencia injusta y contraria a derecho.
Tercero: una revisión administrativa de todas las autoridades que tuvieron conocimiento de la situación de riesgo en que se encontraba Jazmín Nayeli Rodríguez y que deliberadamente no hicieron nada.
Cuarto: La adopción de medidas estructurales tanto al interior de la Fiscalía como del Poder Judicial y del DIF que redunden en una efectiva protección de mujeres que sufren violencia.