Las pérdidas a la economía causadas por la obesidad y enfermedades crónicas cuestan entre 73 mil y 101 mil millones de pesos, mientras que los recursos destinados a la prevención de estos padecimientos son apenas 18 mil millones de pesos, sostuvo la organización civil El Poder del Consumidor (EPC).
“Es decir, las externalidades generadas por estas consultas no los cubren los recursos obtenidos de los impuestos. Somos todos los ciudadanos que estamos sufragando estos daños”, indicó el director de dicha organización, Alejandro Calvillo Unna.
De acuerdo con EPC, este año, el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) estableció que el gasto en prevención abarca diversos programas como el PrevenIMSS y el PrevenISSSTE, “pese a que no están totalmente enfocados en la prevención”, citó en una misiva.
Además, la organización agregó que el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) que grava los refrescos y alimentos con alta densidad calórica suma 31 mil 540 millones de pesos, lo que representa entre el 26 y 33 por ciento de lo que se gasta en prevenir y atender los problemas que genera el consumo de bebidas azucaradas.
Por su parte, el lunes, la Secretaria de Salud Mercedes Juan López, develó que más de la mitad del presupuesto, que de acuerdo al PEF es de 134 mil 847 millones de pesos, se va en atender las comorbilidades que causa la obesidad.
“El gasto público es raquítico frente a la dimensión del problema, por ejemplo, la atención no cubre la diálisis en el seguro popular, no existe un tratamiento adecuado del pie diabético, no existe atención preventiva suficiente a la retinopatía diabética, es decir, el presupuesto ejercido está muy por debajo del requerido”, dijo Alejandro Calvillo.
Un trabajo hecho por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) develó en enero que la “Estrategia Nacional para la Prevención y Control del Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes” contempla 5.3 pesos por cada persona, mientras que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) estimó que México debería implementar una serie de medidas que requieren 152 pesos por individuo.
“El consumo de bebidas azucaradas mata a 404 mexicanos por cada millón de adultos”, consideró Fiorella Espinosa De Candido, investigadora de salud alimentaria, sobre una estadística del sitio The Statics Portal, que compara a los países del mundo. México tiene el primer lugar.
En conferencia de prensa el EPC recalcó que las empresas deberían asumir su responsabilidad en los gastos médicos. Tan sólo el 70.3 por ciento de la ingesta diaria de azúcares añadidos proviene de bebidas azucaradas, refieren los datos de la Alianza por la Salud Alimentaria (ASA).
Calvillo denunció que las empresas de la Asociación Nacional de Productores de Refrescos y Aguas Carbonatadas (ANPRAC) siguen negando que se les imponga un impuesto que ayuda a reducir el consumo de refrescos, y por ende, sus consecuencias.
“Hace unos días la ANPRAC salió públicamente a decir que estos impuestos no están teniendo efecto. Hay una campaña orquestada a nivel mundial, porque saben bien que lo que está sucediendo en México puede sentar un precedente”, detalló.
EPC indicó que entre los países que están debatiendo sobre establecer un gravamen como el IEPS, entre los que se encuentran Colombia, Ecuador, Estados de la Unión Americana, Sudáfrica, la India y otras naciones. Espinosa De Candido indicó que la Estrategia sobre el Régimen Alimentario, Actividad Física y Salud de la Organización Mundial de la Salud ya subrayaba en el año 2004 la importancia de las medidas fiscales para reducir el consumo de azúcar.
“Los precios influyen en las decisiones de los consumidores. Las políticas públicas pueden influir en los precios mediante la aplicación de impuestos”, leyó ante los medios de prensa. Actualmente, el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) grava un peso por litro, lo que por precio promedio de las bebidas azucaradas equivale al 10 por ciento.
El IEPS logró la reducción del 6 por ciento en el consumo de refrescos durante el 2014, A través de un estudio independiente, hecho por el Instituto Nacional de Salud Pública y la Universidad de Carolina del Norte, se estableció que la población más beneficiada con el impuesto fue la que tenía menos recursos, donde las compras de bebidas azucaradas descendieron en promedio 9 por ciento, que llegó hasta 17 en diciembre del 2014.
EPC mantuvo su demanda de subir el impuesto con el fin de obtener mayores resultados. “Retomamos las peticiones de subir el impuesto del 10 al 20 por ciento. Así como la eliminación del IVA al agua embotellada en envases menores a 10 litros, con el fin de hacerla económicamente más accesible”, dijo.
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