El dirigente de la organización Ciudadanos Vigilantes de Ciudad Juárez, José Luis Rodríguez presentó una demanda en contra del alcalde con licencia y candidato del PRI a la gubernatura, Enrique Serrano Escobar y del ex alcalde y precandidato de nuevo a la Presidencia Municipal, Héctor Murguía Lardizábal, por los delitos de fraude, negligencia y peculado en el llamado Plan de Movilidad Urbana (PMU).
Este martes se radicó la denuncia por presuntas irregularidades en el PMU, que es un programa de pavimentación masiva para la frontera, que incluía 26 proyectos de reconstrucción de vialidad, 37 proyectos de construcción de vialidades, seis puentes en diferentes ubicaciones, tres tramos de canales en el Dren 2A y cuatro proyectos de rehabilitación urbana.
El denunciante explicó que el monto del contrato fue de 2 mil millones de pesos a pagar en 20 años y que, además, el proyecto en su totalidad se vio marcado por la opacidad en la asignación de la obra a diversas empresas, y el freno de 16 frentes del proyecto.
Apuntó además que, pese a las irregularidades en el financiamiento de la obra y en al convocatoria para su realización, ésta no fue frenada ni por po regidores ni por el propio Congreso del Estado, quien aprobó el proyecto durante la pasada legislatura, cuando Serrano EScobar era el líder de la fracción parlamentaria del PRI.
De acuerdo al plan original, las obras debían iniciar y concluir en el 2013, pero se dilataron hasta concluirlas este año. Primero contrataron una empresa supervisora por 70 millones de pesos, que al cumplir el contrato, no lo renovó a pesar de que no había nada iniciado. Posteriormente, contrataron a la empresa AR y V con un contrato de 49 millones.
El denunciante dijo que “el atraco” a los juarenses es por 400 millones de pesos derivados del PMU, el cual no fue frenado por Serrano cuando llegó a la alcaldía en el 2013, por lo que ahora se le acusa de negligencia al no detener las obras y evitar el mal uso de recursos.
De acuerdo a Rodríguez, el desarrollo de este programa representa un gran acto de corrupción en contra de los juarenses que ya debe cargar con la deuda de más de 8 mil millones de pesos generado por ambos ediles durante sus correspondientes periodos.