La Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió el Informe Especial sobre las Mujeres Privadas de la Libertad en los Centros de Reclusión de la República Mexicana, dirigido al Secretario de la Defensa Nacional, a los gobernadores de los estados, al Jefe del Gobierno del Distrito Federal y al Comisionado Nacional de Seguridad.
En el estudio se detallan distintas irregularidades que contravienen normas nacionales e internacionales y violan los derechos humanos relacionados con el trato digno, la legalidad y la seguridad jurídica, la protección de la salud, la integridad personal y la reinserción social de las internas.
La CNDH observó que el sistema penitenciario de nuestro país no atiende en la gran mayoría de casos, de manera adecuada, a los requerimientos específicos por razón de género señalados en la norma vigente, lo que trae como resultado que las graves carencias en materia de recursos humanos y materiales se acentúen en los centros de reclusión que alojan mujeres.
Sostiene así, que el Estado mexicano, al no dar atención adecuada a esa población penitenciaria, incumple con su obligación de adoptar medidas para asegurar que las mujeres bajo su custodia gocen de todos los derechos que les corresponden en su calidad de internas.
El Informe Especial es resultado de una investigación realizada por la CNDH durante los meses de febrero y marzo de 2014, cuando visitó 77 de los 102 establecimientos penitenciarios que albergan mujeres, donde en esos momentos, había alojadas 11 mil 107 internas.
En estos centros de reclusión se detectaron irregularidades diversas, como deficientes condiciones materiales; insuficiencia en los servicios; desigualdad entre las áreas varonil y femenil; alimentación deficiente; maltrato; sobrepoblación y hacinamiento; autogobierno, cobros y privilegios; inadecuada separación y clasificación, y aplicación discrecional de sanciones disciplinarias.
Asimismo, se confirmó la falta de atención médica; inexistencia de manuales de procedimientos; prohibición de estancia para las hijas y los hijos de las internas en algunos casos; falta de apoyo para centros de desarrollo infantil; deficiencia de programas para la atención de personas con adicciones; insuficiente personal técnico y de seguridad; falta de capacitación e inadecuada supervisión de los centros.
El promedio de irregularidades presentadas por centro fue de 14, encontrando el mayor número de ellas (21) en el Estado de Guerrero, en los Centros Regionales de Reinserción Social de Chilpancingo y Acapulco.
La CNDH hace patente y reitera su preocupación por las condiciones y el trato que se brinda a las mujeres que se encuentran privadas de la libertad y a las niñas y los niños que viven con sus madres internas. Por ello, plantea 22 propuestas en las que pide tomar las medidas pertinentes y realizar acciones efectivas para garantizar el respeto a los derechos humanos de estas personas.