La diputada Julieta Fernández Márquez (PRI) informó que presentó un punto de acuerdo para exhortar a Chihuahua y los demás estados del país a que tipifiquen y sancionen en sus códigos penales el delito de turismo sexual infantil, con penas de hasta 20 años de prisión y multas de mil 500 unidades.
En conferencia de prensa, dijo que ese delito no está sancionado en la mayor parte de los códigos penales locales y solicita a los congresos locales que puedan legislar al respecto y esaltó que estos menores de edad, no llegan por “su voluntad” a tener relaciones sexuales con los turistas, sino que son contactados por personas relacionadas con el ramo turístico, como trabajadores de hoteles, restaurantes, guías turísticos, taxistas, los llamados antros, entre otros, cuya complicidad se encuentra a la vista.
La diputada priista mencionó que un informe elaborado por el Departamento de Estado de Estados Unidos indica que el turismo sexual va en aumento en especial en áreas como Acapulco y Cancún y ciudades fronterizas como Tijuana y Ciudad Juárez. Sostiene que México “es una gran fuente, tránsito y destino para las personas víctimas…con fines de explotación sexual…” donde los grupos más vulnerables son las mujeres, niños, indígenas y los migrantes indocumentados..
Esa dependencia de Estados Unidos estima que, cada año, unos 20 mil niños y niñas son víctimas de trata por redes de prostitución que los engañan con falsas ofertas de empleo para trasladarlos de las zonas rurales pobres a las urbanas, a las fronteras y a las zonas turísticas.
Fernández Márquez asegura que ha habido un avance al considerarse este delito en los códigos penales en materia federal y del fuero común en siete entidades de la República: Colima, Baja California, Baja California Sur, Michoacán, San Luis Potosí, Yucatán, Sinaloa y el Distrito Federal.
Sin embargo, agregó, existen muchas entidades que son paraísos para el turismo sexual infantil, ya que los abusadores atraviesan el territorio nacional sin ninguna consecuencia.
“La complicidad de los delincuentes está identificada por la sociedad y por las autoridades, y sin embargo, no hay denuncias ¿Y si las hay? No hay un sólo caso enjuiciado en nuestro país por este delito”, aseveró.