Tras los eventos violentos presentados en el municipio de Urique, un total de quince familias fueron desplazadas forzosamente. La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) señala que en la información que mantienen, ocho se desplazaron hacia Sinaloa y siete más a Chihuahua.
El presidente de la CEDH, José Luis Armendáriz González, manifestó que se les documentó por escrito el número de familias que tuvieron que desplazarse por lasas situaciones de inseguridad que se vivieron en dicho sector, aclarando que los mismos pobladores indican que en los poblados no está el problema sino en los traslados.
El desplazamiento forzado de dichas familias corresponde a la situación de aproximadamente hace dos semanas donde se reportaron enfrentamientos de grupos criminales, amenazas a los pobladores -descartadas por las autoridades estatales- y el desplome de una avioneta donde supuestamente huían pobladores.
El desplazamiento forzado en Chihuahua
Armendáriz González manifestó que es necesario que el Estado establezca un protocolo de identificación de las personas que han sido obligadas a desplazarse, ya sea por producto de amenazas del crimen organizado u otras condiciones de inseguridad derivado del narcotráfico.
“Nos topamos con la complicación de que las autoridades no tienen protocolo de actuación en relación a los desplazamientos forzados, no se indican las razones del exodo ni de posibles regreso”, detalló el Ombudsman.
Explicó que es necesario visibilizar este problema y generar el esquema donde personas que se vean obligadas a trasladarse en contra de su voluntad y ser considerados bajo un estatus y que se les garantice la salida de la entidad.