La ausencia de justicia en el asesinato de los barzonistas chihuahuenses -Ismael Solorio, Manuela Solís y Alberto Almeida-, ha llegado a manos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la cual exigió a las autoridades encargadas de la investigación se entregue un informe mensual de los operativos para la búsqueda de responsables.
Una comitiva de la organización El Barzón viajó a Washington para reunirse con el relator para México de la CIDH, James Cavallaro, donde se le plantearon una serie de problemáticas que han provocado la muerte de defensores de los derechos humanos y defensores de los territorios, incluyendo el asesinato de Solorio y Solís el 22 de octubre del 2012 y de Alberto Almeida el pasado 24 de febrero del 2015.
Martín Solís, dirigente de El Barzón, detalló que los resultados de esta reunión se vaciaron en tres acuerdos que incluye la participación de las autoridades estatales, pero también del Gobierno Federal, por lo que para el próximo año se espera la visita de Cavallaro para analizar los avances que se tienen en materia de derechos humanos.
El primer acuerdo establecido durante el viaje a la capital de Estados Unidos fue que las autoridades encargadas de la investigación de los asesinatos de los activistas, estarán enviando al relator de la CIDH evidencia fotográfica o videos donde se demuestren los operativos o acciones de búsqueda de los asesinos materiales e intelectuales de los barzonistas.
El segundo acuerdo tiene que ver con dar seguimiento a los trabajos de apertura de la cuenca hidrológica del Río de Carmen, mientras que el tercer punto acordado va dirigido a buscar la cancelación de las concesiones mineras a la empresa MAG Silver, acusada en algunas ocasiones de estar involucrada en el homicidio de los barzonistas.
Ismael Solorio y Manuela Solís
El 22 de octubre del 2012 fueron encontrados los cuerpos de Ismael Solorio Urrutia y Manuela Solís Contreras, estos yacían en su camioneta y tenían impactos de arma de fuego en la cabeza y el pecho.
Los activistas dirigentes de El Barzón Chihuahua estaban involucrados en la oposición del establecimiento de la mina “El Cascabel” de la empresa minera MAG Silver, así como también habían denunciado durante meses los aprovechamientos ilegales de pozos de agua en la cuenca del Río del Carmen por parte de plantaciones comerciales.
En septiembre del 2012 los derechohumanistas habían recibido amenazas de muerte de personas desconocidas, emitiendo denuncias formales al Gobierno del Estado. Las amenazas continuaron y el 13 de octubre, Solorio y su hijo fueron atacados por alguien que presuntamente trabajaba para una compañía minera involucrada en el conflicto del agua.
El 15 de octubre miembros de El Barzón solicitaron a las autoridades estatales su intervención para prevenir futuros ataques y responsabilizar a quiénes habían emitido las amenazas de muerte, sin embargo la petición fue negada y las medidas de protección no fueron implementadas.
Urrutia y Solís defendían el agua de la zona del semidesierto y la conservación de los acuíferos contra la explotación; la empresa canadiense MAG Silver estaba perforando a pesar de carecer de permiso, según informaron, y posterior a las perforaciones, iniciada la explotación, utilizarían materiales contaminantes que provocarían daños a la salud, destrozaría cultivos y contaminaría los acuíferos.
El 22 de octubre el matrimonio viajaba del ejido Benito Juárez a una cita médica que tendrían en la capital de Chihuahua, siendo emboscados y levantados. Ismael Solorio avisó que los iban siguiendo por la carretera Álvaro Obregón-La Junta y más tarde ambos fueron encontrados muertos en el kilómetro 26, a la altura del campo menonita 8 y medio.