En aras de garantizar la seguridad y el normal funcionamiento de los medios de transporte público, en sesión del Congreso del Estado, los diputados locales exigieron que se impongan las sanciones correspondientes, ya que actualmente se encuentra interrumpido el servicio público local, incurriendo en el supuesto punitivo establecido en la fracción segunda del artículo 325 del Código Penal del Estado.
Lo anterior, luego del paro laboral por parte de los choferes de transporte público, que ha afectado a más de 200 mil usuarios.
“Los choferes que se encuentran ejerciendo este paro laboral manifiestan no haber recibido pago de horas extras, entre otras prestaciones, y por lo tanto, se encuentran inmóviles en varias paradas de transporte entre troncales y alimentadoras”, señaló el iniciador de la propuesta, el diputado Enrique Licón Chávez.
Este paro, indicó el diputado, ha ocasionado que varias unidades de la policía municipal, colaboren con el transporte de civiles a sus destinos con el fin de agilizar la movilidad urbana, sin embargo, las unidades no dan abasto y esto entorpece la verdadera labor a la que deben avocarse los oficiales de policía.
Cabe destacar que las autoridades correspondientes siempre han estado en la mejor de las disposiciones de atención para todos los conflictos suscitados alrededor de los temas del transporte público.
Sin embargo, señaló el Congresista, los grupos de concesionarios y choferes han tomado una vía no idónea para realizar sus exigencias, afectando a los ciudadanos de forma seria, poniendo en riesgo sus empleos y el sustento de sus familias, entre otras actividades fundamentales para el desarrollo económico y social de la ciudad, que se han visto truncadas por no contar con transporte urbano de pasajeros.
Por lo antes vertido, es urgente a que sean aplicadas, determinadas medidas previstas por el Código Penal, debido a que las conductas llevadas a cabo por el paro laboral existente, cuentan con la tipicidad necesaria.