A la fecha, son 55 los abogados asesinados en el estado de Chihuahua, ninguno de ellos refiere a una línea de investigación específica o algunos ni siquiera están siendo investigados, según asegura el presidente del Consejo Estatal de Colegio de Abogados de Chihuahua, Óscar Castrejón Rivas.
Pasada la una de la tarde, Castrejón Rivas arribó a palacio de gobierno para entregar un documento dirigido al gobernador del estado, César Duarte Jáquez, para su intervención en el tema de los abogados asesinados, pero también su apoyo en la creación de una Fiscalía Especializada en delitos en contra de litigantes.
Detalló que el último abogado asesinado se reportó el día de ayer, en la calle 31 y 20 de noviembre, en la capital de Chihuahua. El nombre del joven era Jorge Arturo Rico Luján y se presume que su acompañante, el cual quedó herido, también tiene la misma profesión.
Castrejón Rivas detalló que el gobierno para evadir responsabilidades en el esclarecimiento de los homicidios, justificaban que estos eran penalistas y trabajaban en asuntos peligrosos, sin embargo indicó que hay litigantes asesinados que trabajaban en lo penal, en lo laboral e incluso eran maestros de la Facultad de Derecho.
“Es una excusa que refieran la justificación de lo penal, se tiene que esclarecer los homicidos y ponerle atención. En los últimos días van dos abogados asesinados, queremos la Fiscalía especializada y que se entreguen copias de las carpetas de investigacion”, detalló.
Indicó que las suposiciones sobre las líneas de investigacion refieren al homicidio de abogados por pago de honorarios, por asuntos ganados o por términos personales, pero se desconoce la realidad porque la Fiscalía ha puesto trabas tanto al Consejo como a las mismas familias.
Por temor, familias de abogados asesinados se van del estado
La época de la muerte en Chihuahua afectó a diferentes sectores, uno de ellos el de la abogacía. Varios de abogados fueron asesinados durante el 2010 a la fecha, solamente cerca de seis casos han sido resueltos, dejando una gran cantidad de expedientes en espera de dar conclusiones sobre los responsables de la muerte de los defensores.
Héctor González Monek, abogado juarense y ex presidente de la Federación Estatal de Colegios Abogados, señaló que derivado de esta problemática, un porcentaje grande de familiar chihuahuenses emigraron a otros países o estados por el miedo a las represalias que pudieran generarse en relación al homicidio del padre de familia.
Para las fechas más críticas de la violencia en la entidad, siete de cada 10 despachos de abogados cerraron, mientras que los otros tres estuvieron operando con seguridad para protegerlos de los probables ataques de los que pudieran ser víctimas.
El reto de los colegios o asociaciones de Abogados
A pesar de que el número de asesinatos ha disminuido, la alerta latente se encuentra en forma de prevención, sin embargo más allá de la lesión y la frustración que representa el homicidio de los litigantes, el verdadero significado se encuentra transformándose a un reto, indicó el abogado juarense.
Explicó que los colegios de abogados o asociaciones se encuentran gestionando ante la Fiscalía General del Estado (FGE) la creación de un área especializada que se dedique a resolver homicidios de defensores, teniendo diversas reuniones con el fiscal general, Jorge Enrique González Nicolás, para explicar la necesidad que representa la creación de esta fiscalía.
Chihuahua y sus desplazamientos provocados por la violencia
En relación a este mismo punto de la migración o emigración, el Centro de Vigilancia del Desplazamiento Interno (Internal Displacemente Monitoring Centre) reportó que en México unas 160 mil personas se desplazaron de sus lugares de origen a otras regiones del país por causas relacionadas con la violencia del narcotráfico.
En este informe, así como otros relacionados con el tema donde señalan a más de 280 mil despalzados, se posicionó a Chihuahua dentro de las entidades con más movimientos asociados con el crimen organizado.
La investigadora María del Socorro Velázquez, plasmó en un trabajo el movimiento que se generó en Ciudad Juárez a raíz de la violencia, pero también incluyend otros factores que en simbiosis con la delincuencia provocaron más desplazamientos, estos factores fueron la inseguridad y el desempleo.
En su investigación publicada en 2012, se indicó que el 29 por ciento de los migrantes de Ciudad Juárez se mudaban a ciudades de Estados Unidos, mientras que el 24 por ciento especificamente a El Paso. El 14 por ciento correspondió a mudanzas a otros estados, el 7.5 por ciento a Coahuila y Durango, así como un 6 por ciento a otro municipio de la entidad chihuahuense.