El gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, se adhirió a la alianza política de los gobernadores de la frontera norte para demandar conjuntamente al gobierno federal su cooperación frente a diversos temas, así como para hacer un frente común ante la amenaza que representa la política discriminatoria y proteccionistas del presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump.
La declaración se firmó durante una reunión celebrada en Nuevo Laredo, Tamaulipas, en a que participaron el gobernador anfitrión, Francisco García Cabeza de Vaca, de Tamaulipas, el presidente de la Conago, Graco Ramírez Garrido, de Morelos; Jaime Rodríguez Calderón, de Nuevo León y Francisco Vega Lamadrid de Baja California.
En primera instancia, esta alianza crea una frente entre los mandatarios fronterizos para demandar que la federación contribuya en los asuntos que más afectan a esta región: migración, crimen organizado, seguridad, costos de energía eléctrica, combustibles derivados del petróleo, carestía de productos básicos, derechos humanos, salud y vivienda.
Además, ante la amenaza expresa de Trump sobre la deportación masiva de millones de connacionales, y la afectación de sus derechos humanos, demandamos que el Gobierno Federal tome acciones inmediatas, acompañado de los estados y municipios.
De igual manera, externaron el rechazo a las presiones y acciones directas contra inversionistas que han decidido instalarse o permanecer en México, como medidas arancelarias violatorias de todos los acuerdos internacionales
suscritos por ambos países y ante las cuales, la federación deberá defender los intereses de los inversionistas mexicanos y extranjeros.
Como estrategia, los gobernadores propusieron fortalecer los lazos y relaciones con todos los aliados nacionales e internacionales para defender el libre comercio, la competitividad y el desarrollo regional de América del Norte, al tiempo que pidieron al Gobierno de la República diseñar e implementar un programa emergente específico para el desarrollo integral de la región.
En el tema migratorio, solicitaron que los consulados mexicanos incrementen acciones de apoyo a migrantes y connacionales, así como fortalecer a las organizaciones de la sociedad civil dedicadas a la atención de migrantes en ambos lados de la frontera, a fin de defender sus derechos humanos.