El activista y medioambientalista, Daniel Delgadillo Díaz, dio a conocer este martes que la Fiscalía General de la República, en la Ciudad de México, recibió ayer una querella en contra del alcalde Cruz Pérez Cuéllar por delitos ambientales así como por corrupción.
Delgadillo Díaz, representante de la asociación Arboles en Resistencia, mencionó que en la querella también está incluido el Contador Público Jorge Raudel Almanza Muñoz, titular de la oficina de representación de la Semarnat en el estado de Chihuahua.
La querella obedece a los hechos registrados semanas atrás en el parque El Chamizal, luego de que al concluir un evento donde se anunció un festival de vinos, al exterior del inmueble, se utilizó pirotecnia y el fuego alcanzó cuatro árboles que estaban ubicados a un costado del museo.
Uno de los árboles era una especie con más de 40 años de antigüedad, y junto con los otros tres árboles, sufrieron daños totales, situación que generó la inconformidad por parte de grupos dedicados a la defensa del medio ambiente, quienes señalaron que esta había sido una conducta inapropiada por parte de los organizadores, así como por parte de la autoridad al permitir el uso de pirotecnia.
“Nosotros advertimos esta situación días antes de que se llevara a cabo el evento, y a pesar de eso no hicieron caso, nosotros observamos una conducta corrupta por parte del alcalde así como por parte del representante de Semarnat, quienes hicieron caso omiso ante esta situación y por lo mismo estamos solicitando que respondan ante la ley”, señaló Delgadillo en entrevista para cdj.com.mx.
La querella original fue presentada en Ciudad Juárez el pasado 6 de septiembre, en las oficinas metropolitanas ubicadas en la calle Hermanos Escobar,
sin embargo el día de ayer Delgadillo fue notificado de que a la querella se encuentra ya en la Ciudad de México y la FGR le dio la entrada correspondiente.
Delgadillo concluyó sus comentarios señalando que cuentan con un abogado en la Ciudad de México, profesionista que se hará cargo de darle seguimiento a la querella, y de evitar que el daño ambiental ocasionado por el alcalde y el funcionario federal queden impunes.
