El titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), Juan Manuel Portal Martínez, informó a diputados federales que al cierre de 2013 la deuda de las entidades federativas y municipios registrada en la SHCP ascendió a 482 mil millones de pesos, saldo acumulado superior en 48 mil millones de pesos respecto a 2012, es decir, un aumento de 8.8 por ciento real.
El funcionario dio a conocer esta cifra a la Comisión de Vigilancia de la ASF al detallar el Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013, en el rubro de Funciones de Gobierno, y Sector Hacienda y Crédito Público.
Refirió que Chihuahua y Oaxaca destacaron con un incremento real anual de su deuda pública en 74.8 por ciento (18 mil millones y cuatro mil millones de pesos, respectivamente), Morelos con el 58.8 por ciento (mil 782 millones) y Baja California Sur, con el 44 por ciento (796 millones de pesos).
La ASF, dijo, estimó que la presión financiera de servicio de esta deuda como porcentaje de los ingresos federalizados susceptibles de ser destinados a su pago fue mayor que el promedio nacional (9.5 por ciento) en Coahuila, Chihuahua, Distrito Federal, Nayarit, Nuevo León, Quintana Roo, Sonora, Veracruz y Zacatecas.
Hizo un llamado a los legisladores para priorizar la conclusión e implementación del nuevo marco jurídico y mecanismos para regular la deuda pública local, así como el registro transparente de las obligaciones financieras y de los pasivos de las entidades y municipios, además de establecer un marco institucional sólido de responsabilidad y disciplina para el manejo de sus finanzas y la deuda público.
Se pronunció por avanzar en la consolidación del Sistema Nacional de Fiscalización, mismo que, consideró, debe ser parte del de Anticorrupción ya que sus insumos resultan de gran valor para la contención y la disuasión de actos irregulares.
El aporte de este subsistema, que se encuentra en construcción y operación desde hace cinco años, dijo, “simplemente no puede ser omitido en el diseño de una estrategia de mayor alcance”.
En tal sentido, Portal Martínez celebró el esfuerzo de los integrantes de la Comisión por colocar a la instancia que encabeza como eje del Sistema Nacional Anticorrupción, cuya inclusión fue motivo de debate durante los últimos meses.
Consideró que este proyecto reformista reconoce que el fenómeno de la corrupción es sistémico, y como tal, debe ser enfrentado con soluciones de la misma naturaleza.
“El éxito de la rendición de cuentas radica en avanzar en consolidación del Sistema Nacional de Fiscalización”, reiteró, y subrayó la importancia de la reforma para estrechar los vínculos de la ASF con la Secretaría de la Función Pública.
Al continuar con su intervención el Auditor Superior de la Federación explicó a los diputados que en el reciente Informe General 2013 de la Fiscalización de la Cuenta Pública, advierte la existencia de problemas estructurales, de incentivos y de andamiaje legal que rige la actuación de los funcionarios de gobierno, por lo que debe mejorarse la sinergia entre diputados y la ASF.
Dicho informe formula 454 observaciones derivadas de 128 auditorías al Grupo Funcional Gobierno –que incluye Función Hacendaría y otras Funciones de Gobierno-, que generaron 739 acciones; 351 recomendaciones; 173 recomendaciones al desempeño; 11 solicitudes de aclaración; ocho promociones de ejercicio de la facultad de comprobación fiscal; 133 promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria, y 63 pliegos de observaciones.
Por otra parte, refirió que el informe contiene 65 propuestas de reforma a diversos ordenamientos para coadyuvar a una mejor gestión de los entes auditados y alcanzar un nivel óptimo de transparencia y rendición de cuentas.
El titular de la Unidad de Evaluación y Control (UEC) de la Comisión de Vigilancia de la ASF, Alejandro Romero Gudiño, señaló que el gasto público enfrenta retos importantes, asociados a su insuficiencia para impulsar el crecimiento económico y las responsabilidades constitucionales del Estado en materia de bienestar social.
Expresó que si bien las finanzas públicas han mantenido una estructura equilibrada en los últimos años, se perciben debilidades estructurales, como el notorio rezago de México a nivel internacional en materia de recaudación tributaria.
También, dijo, hay una fuerte dependencia de los ingresos fiscales respecto de los petroleros; elevados gastos fiscales; reducción de la capacidad de los ingresos públicos para financiar el gasto público, e incremento de la deuda pública como proporción del Producto Interno Bruto, entre otros.
Mencionó que una de las características de la inversión pública, es su rigidez asociada a la tendencia inercial del gasto corriente y de partidas irreductibles; las prácticas del manejo discrecional, y la utilización de deuda pública para fines distintos a la construcción de infraestructura.
Romero Gudiño subrayó que esta problemática se torna compleja por la reducción de los precios del petróleo de la mezcla mexicana, los cuales pasaron de un precio anual promedio de 102.1 dólares el barril en 2012, a un costo promedio anual de lo que va en 2015 de 44.3 dólares el barril, un nivel inferior al precio promedio establecido en la Ley de Ingresos de la Federación aprobada para este año, que fue de 79 dólares.
Sostuvo que a pesar de las precauciones para salvaguardar los ingresos petroleros, persiste el riesgo para las finanzas públicas de que en ejercicios subsecuentes a 2015, se mantenga con alta probabilidad el precio del petróleo en sus niveles actuales, por lo que, “de metalizarse esta expectativa la cobertura petrolera contratada en los mercados financieros ya no sería tan redituable”.
Del análisis, detalló, se detectó en el Poder Judicial irregularidades en el rubro de aprovechamiento de recursos, infraestructura y servicios de tecnologías de información y comunicación, así como la autorización e incremento en las percepciones de servicios públicos superior a la remuneración del Presidente de la República.
En cuanto a la función pública, expresó, hay una debilidad generalizada de los sistemas de control interno tanto en la Administración Pública Estatal como en las Administraciones Públicas Municipales.
Precisó que en el sector gobernación hay ausencia o falta de acreditación de los tratamientos de readaptación social de los internos puestos en libertad y de los sentenciados que cumplieron sentencia en libertad, ya que los más de 54 mil que compurgaron pena en libertad en 2013 no se pudo acreditar su procedimiento de readaptación.
Además, los subsidios a entidades federativas en materia de mando de policías, se detectaron reintegros indebidos, subsidios autorizados irregularmente, falta de enteros a la Tesorería de la Federación y adquisiciones no autorizadas, de forma que se emitieron sólo en esta 103 acciones y recuperaciones por 458.8 millones de pesos.
Propuso emitir el Reglamento de la Comisión Permanente, que regule las atribuciones constitucionales de la misma; abrogar en definitiva el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General; establecer en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación lineamientos que robustezcan su servicios de carrera, y evitar el “nepotismo” en los diferente órganos jurisdiccionales.
De igual modo, emitir un código de seguridad pública federal que reúna todas las disposiciones en la materia que actualmente se encuentran en diversas leyes, a efecto de contar con un instrumento normativo armonizado y de fácil acceso para las personas.
El titular de la UEC mencionó que en dicho código debe incluirse materias no legisladas en la actualidad, como el uso de la fuerza pública, la utilización de tecnología para la seguridad pública y facultades de las fuerzas armadas en dicha materia, entre otras.