En el marco del foro “Justicia para Adolescentes”, al abordar el tema del principio de mínima intervención, Javier Carrasco Solís, director del Instituto de Justicia Procesal Penal, consideró indispensable la mínima intervención de la autoridad en la vida de un adolescente que enfrenta un proceso penal; y para ello, es necesario fortalecer las medidas cautelares de prevención, y que el internamiento sea la última medida y con el menor tiempo posible.
La investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana, Beatriz Azzolini, mencionó que este principio abarca tres ámbitos de justicia para adolescentes: el sustantivo, los procesales o de ejecución y los orgánicos. Lo sustantivo se refiere al crimen organizado o delitos culposos; lo procesal, que el menor número de casos lleguen al juez –para ello, son necesarias salidas alternas–; y lo orgánico implica tener personal y organismos especializados en justicia para adolescentes que favorezcan el principio de mínima intervención.
Violeta Maltos, experta en mecanismos alternativos de solución, destacó la importancia de los estos como procesos restaurativos, en los que se lleva a los adolescentes a un espacio seguro, escuchan el daño causado y, consecuentemente, se tiende a una reparación del perjuicio desde el punto de vista de la víctima.
El subdirector de la Unidad de Medidas Cautelares para Adolescentes del estado de Morelos, Miguel Colín Hernández, consideró que el internamiento debe ser utilizado como último recurso, pero lo ideal será que sea la excepción; y para ello se debe cambiar el enfoque de los fiscales y darle confianza a los jóvenes.
La cárcel debe ser el último recurso, y por el menor tiempo posible, con el propósito de que el joven infractor siga con su familia, aprenda habilidades y capacidades y se pueda hablar de una reinserción verdadera, coincidió la directora de la Fundación Reintegra, Jimena Cándano.
En la mesa sobre Distinción entre el Sistema de Protección Integral de Derechos de la Infancia y Sistema de Justicia para Adolescentes, Ricardo Bucio Mújica, secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, comentó que este sistema debe tener el componente de protección y garantizar el ejercicio pleno de sus derechos.
El director general de Política sobre Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Ricardo Sepúlveda Iguíñiz, resaltó la importancia de la coordinación entre las instituciones encargadas de la justicia para adolescentes. Reconoció que este tema tiene muchos años, pero se está tratando de contar con un marco legal, armonizado los ámbitos legal, general, nacional para poner fin a la provisionalidad.
Además, hizo énfasis en que la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes debe de ser una guía para la Ley de Justicia Penal.
Perla Guadalupe Ruiz González, juez del Supremo Tribunal de Justicia de Chihuahua, comentó que el hecho de que se pugne por un sistema unificado de justicia para adolescentes no implica que se deba de pugnar por cuestiones que transmitan impunidad a la sociedad. Este es un sistema sancionatorio, educativo que debe garantizar derechos humanos no sólo para las víctimas sino para los adolescentes, advirtió.
Mónica González Contró, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, indicó que el tema de acceso a la justicia es un derecho humano de los jóvenes; y cuestionó si no se está pensando que el problema de México es uno de leyes y no la aplicación de las mismas. Por su parte, Carlos Pérez Vázquez, especialista en derechos humanos y justicia, apuntó que en este tema falta una coordinación entre autoridades, además de que los jueces deben sensibilizarse ante los jóvenes.