La organización civil Red por la Participación Ciudadana denunció una serie de irregularidades en la aplicación de los recursos del Programa Nacional para la Prevención del Delito (Pronapred), pese a que Chihuahua es uno de los estados con la mayor aportación federal.
Hilda de la Vega, miembro de la Red por la Participación Ciudadana, informó que en tres años Chihuahua como estado recibió un total de 441 millones 976 mil pesos, correspondiendo al municipio de Chihuahua un total de 156 millones 333 mil pesos.
La primera irregularidad mencionada fue que dichos recursos federales, en el ejercicio fiscal 2014, llegaron hasta el mes de octubre y diciembre, según consta los estados de cuenta y facturas emitidas a la asociación civil.
Entre los recursos que se emitieron a diferentes dependencias, las activistas manifestaron que los programas en donde se aplicaron no fueron justificados ni medidos los impactos en la sociedad, denunciando la falta de resultados de la aplicación de los recursos.
Como ejemplo se informó sobre un supuesto diagnóstico de embarazo adolescente por parte del DIF Municipal, al cual se le entregó un total de 3 millones 995 mil pesos. El diagnóstico al final no se realizó y se aplicó un millón 323 mil 360 pesos en pláticas que se impartieron en seis secundarias.
La Red denunció que se han realizado altos pagos por acciones realizadas de actores desconocidos o actores foráneos con diferentes domicilios fiscales fuera de la entidad chihuahuense.
Otro de los problemas que vieron se relacionó con los recursos entregados al Centro de Atención y Prevención Psicológicas del municipio de Chihuahua. Dicha dependencia recibió durante el 2015 y 2014 más de 11 millones de pesos, los cuales se aplican en terapias o consultas en sus instalaciones, cuando ellos con dichos recursos deben acercarse a la población o polígonos vulnerables.
Una irregularidad más, versa sobre los recursos entregados a organizaciones civiles que se desconoce en algunos casos su existencia, así como sus representantes.
Por diversas irregularidades, la asociación civil solicitó la integración de una Contraloría Social para este programa, además de que todos los trabajos de prevención social se abran a la comunidad y organizaciones civiles mediante convocatorias.