A fin de fortalecer la participación de la ciudadanía en las decisiones, planes y proyectos dentro de la administración pública, la diputada del Partido Acción Nacional, Ana Gómez Licón, pidió se expidiera la Ley de Participación Ciudadana del Estado de Chihuahua.
En su calidad de Presidenta de la Comisión de Participación Ciudadana, Gómez Licón destacó la importancia de que se privilegie la participación de la sociedad en la toma de decisiones a través de los diversos mecanismos con los que se cuenta en la materia, mismos que son necesarios y fundamentales en la vida democrática del México moderno, como lo son las Sesiones de Cabildo Abierto, el Presupuesto Participativo, los Comités de vecinos, la Auditoría ciudadana, la Denuncia ciudadana, el referéndum, el plebiscito, la iniciativa popular y la ratificación de mandato, por mencionar algunos.
La legisladora del Distrito XIX con sede en la capital del estado, recalcó que de aprobarse su iniciativa así como la reforma a diversos ordenamientos relacionados al tema, Chihuahua se sumaría a las entidades que ya cuentan con una legislación estatal especializada en participación ciudadana, garantizando el derecho de sus ciudadanos para participar en las decisiones de gobierno, tales como Sonora, Guerrero, Coahuila, Nayarit, Durango, Tamaulipas, Sinaloa, Baja California, Baja California Sur, Colima, además del Distrito Federal.
“Hoy por hoy, la participación ciudadana viene a dar un giro contundente a las políticas públicas, no sólo por la diferenciación con los planes y programas gubernamentales, además por el hecho de que con sus aportaciones reduce el alto grado de discrecionalidad que todo gobierno y su estructura administrativa tienen para cumplir con sus cometidos, o por decirlo de otro modo, reduce la unilateralidad con que se toman las decisiones públicas, precisando que se menciona el concepto de políticas públicas, porque su amplitud como su trascendencia es mucho mayor que lo que en sí mismas la política y la administración por su lado pretenden”, indicó.
El proyecto presentado por Gómez Licón consta de nueve capítulos así como de diversas secciones que precisan con claridad los apartados que conforman el entramado de normas relacionadas con los mecanismos de participación ciudadana y sus procesos, destacando en la propuesta la creación del Instituto de Participación Ciudadana como órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda cuya finalidad será la de fomentar la participación ciudadana, con un enfoque de protección de los derechos humanos, el cual contaría con autonomía técnica, funcional y orgánica.