La diputada Ana Gómez Licón propuso que la infracción por la “fotomulta” varíe de acuerdo a la velocidad en la que se exceda a la permitida y que además el recurso sean destinados a las instituciones públicas encargadas de prevenir y atender a las personas con problemas de trastornos alimenticios.
La diputada recordó que en días pasados el director de Vialidad y Transporte informó que a partir del día sábado 5 de septiembre a la noche del lunes 7; es decir en tres días, la Dirección de Vialidad impuso 3 mil 830 multas por exceso de velocidad, luego de la instalación de 25 cámaras en diferentes partes de la ciudad.
“Ahora bien, si multiplicamos, el número de multas por el costo de las mismas (950 pesos) nos da un resultado de $3, 638, 500.00 (tres millones seiscientos treinta y ocho mil quinientos pesos 100/00 M.N.) y si esa cantidad la dividimos en el número de días (3), arroja la cantidad de $ 1, 212, 833.00 (Un millón doscientos doce mil ochocientos treinta y tres pesos100/00 M.N.) diarios por este concepto”, dijo.
Sin perjuicio de los más de 1,100 millones de pesos que reciben a través de la División de Vialidad y Tránsito por concepto de Derecho vehicular y expedición de licencias de conducir, “podemos fácilmente percibir la gran cantidad de recursos que se recaudan a través de la Dirección de Vialidad y Tránsito, donde los contribuyentes desconocemos el destino y aplicación de los mismos, por lo que propone que los recursos de las “fotomultas” sean para las clínicas de transtornos alimentivcios, “son recursos frescos los que se obtendrán, y al contrario, éstos no solo van a ser aplicados a un fin muy noble, van a ser destinados a atender una problemática muy seria y sobre todo, estarán a la luz de los resultados y cobijados por la transparencia y rendición de cuentas”, dijo.
Se propone como reforma a la ley de vialidad:
Para la imposición de las multas derivadas de la foto-infracción, se atenderá a lo siguiente:
Por exceder en 1 a 20 km/hr la velocidad máxima permitida se aplicará una multa de 8 a 11 días de salario mínimo.
Por exceder en más de 20 km/hr la velocidad máxima permitida se aplicará una multa de 12 a 15 días de salario mínimo.
Los ingresos de las multas aplicadas por este concepto serán destinados a las instituciones públicas encargadas de prevenir y atender a las personas con problemas de trastornos alimenticios.