El senador Salvador López Brito pidió al Ejecutivo federal que las secretarías y dependencias responsables del combate al crimen organizado y la seguridad nacional que realizan acciones en Sinaloa, Durango y Chihuahua respeten las normas internacionales de derechos humanos sobre el uso de la fuerza y violaciones a las garantías individuales.
También le solicitó que en coordinación con los gobiernos de esos estados y en donde habiten actualmente desplazados, se destinen recursos especiales mediante proyectos productivos o apoyos de diversa índole, para que se lleven a cabo actividades productivas que les permitan obtener ingresos económicos para mantenerse.
López Brito exhortó a las autoridades federales a que tomen las medidas necesarias y pertinentes con el objetivo de asegurar que las familias desplazadas tengan acceso a los servicios de vivienda, salud y educación.
La Secretaría de Marina confirmó que está realizando acciones contra el crimen organizado en la zona conocida como ‘Triángulo Dorado’, que abarca a los estados de Chihuahua, Sinaloa y Durango desde hace unas semanas, cuando vecinos de la comunidad de El Verano, en Tamazula, Durango, reportaron disparos desde un helicóptero hacia su comunidad y posteriormente a los poblados cercanos, expuso.
Además de El Verano, indicó, se reveló presencia militar en La Lagunita, El Limón, La Higuera, La Piedrosa, La Sierrita, La Tableta, El Zauz Viejo, Río de las Barras, La Calera, entre otras comunidades.
“Luego de lo sucedido, algunos pobladores comenzaron a desplazarse hacia el municipio de Cosalá, en Sinaloa, por estar territorialmente más cerca de algún otro municipio de Durango; el alcalde de Cosalá, Samuel Lizárraga Valverde, informó que desde el 8 de octubre han llegado para refugiarse poco más de 250 personas provenientes de todas estas comunidades serranas”, detalló.
El legislador remarcó que, derivado de que varios niños han presentado crisis nerviosas cuando llegan al albergue después de haber pasado días caminando en la sierra, la presidenta del Sistema DIF Municipal en Cosalá, Margarita Medina de Lizárraga, ha señalado que cerca de 50 menores están recibiendo atención médica y psicológica.
Apuntó que, según un informe publicado este año en Ginebra por el Centro de Vigilancia de Desplazados Internos, en México existen alrededor de 281 mil 400 desplazados debido a la violencia ligada al tráfico de droga.
“La alarmante situación de inseguridad y las consecuencias del combate al crimen organizado y a los cárteles de la droga por parte de las Fuerzas Armadas obligan a estar muy pendientes de que los derechos humanos de las personas inocentes que habitan en zonas en donde las autoridades realizan acciones contra el crimen organizado sean respetados por cualquier autoridad”, sostuvo el senador de Acción Nacional.
La propuesta se turnó a la Comisión de Derechos Humanos para su análisis y dictaminación.