El Congreso de Chihuahua envió una iniciativa de decreto ante el Congreso de la Unión, mediante el cual se propone expedir la Ley General para la Cultura de Paz y Reconciliación, en cuyo articulado se establecen las bases jurídicas para promover la cultura de paz y reconciliación.
La diputada Leticia Ortega Máynez, presidente de la Comisión Especial de Vinculación con Organizaciones de la Sociedad Civil en el Estado, refirió que con la propuesta se busca construir una sociedad más inclusiva, tolerantemente integrada y resiliente, que contribuya al desarrollo social, político y cultural, asegurando un entorno de estabilidad y bienestar para todos sus miembros.
Es así que se establece la obligatoriedad para que la Federación, entidades federativas y la Ciudad de México, las alcaldías y los municipios, a través de sus secretarías y dependencias, promuevan la cultura de paz y reconciliación, garantizando la convivencia armónica entre diversos grupos sociales al fomentar el respeto mutuo, la igualdad y la resolución pacífica de conflictos enfocados en todos los grupos sociales.
En este sentido, propone ampliar el alcance fundamentado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que garantiza el derecho a la ciudadanía a vivir en un entorno de paz, seguridad y convivencia armónica, asimismo, se delimitan los mecanismos de coordinación, protección y promoción de valores como el respeto, la tolerancia, la justicia y la igualdad, con el propósito de prevenir la violencia, fortalecer la reconciliación social y construir una paz duradera en el país.
Además, señala los principios, objetivos y acciones específicas para promover una convivencia pacífica y respetuosa en la sociedad, estableciendo las responsabilidades de las instituciones públicas, privadas y de la ciudadanía en general, establece el Programa Nacional para la Cultura de la Paz y Reconciliación y se define al Consejo Nacional de Seguridad Pública como la máxima instancia para la coordinación y definición de la política de la cultura de la paz y reconciliación.
Se plantea la creación de la Comisión permanente para la Cultura de la Paz, definiendo sus atribuciones y competencias; ordena la coordinación interinstitucional para facilitar la cooperación, contacto e intercambio de información y experiencia de los tres órdenes de gobierno del Sistema Nacional de Seguridad Pública, así como con organizaciones de la sociedad civil, centros educativos o cualquier otro grupo de expertos o redes especializadas y promueve el fomento a la cultura de la paz y reconciliación, prevención social de la violencia y la delincuencia en los ámbitos social, situacional, psicosocial, policial, acceso a la justicia y educativo.
Para finalizar, se destacó que el proyecto presentado al Congreso de la Unión busca promover una cultura de paz frente a la violencia, enfatizando que la paz no es solo la ausencia de violencia, sino la presencia constante de valores como el diálogo, el respeto y la reconciliación. Señaló que la violencia no se resuelve solo con castigos, ya que sus efectos se originan en conflictos y violaciones de derechos que, si no se abordan, escalan y afectan a la comunidad.
Es de destacar que dentro de los artículos transitorios se planteó que la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, las legislaturas de los estados y la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México expedirán las normales legales y tomarán las medidas presupuestales correspondientes para garantizar el cumplimiento de la Ley, en el ejercicio fiscal siguiente a la entrada en vigor de la misma y que el Estado Mexicano a través del Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública y Participación Ciudadana deberá capacitar y certificar al sector público en un término no mayor a diez años a partir del que sea vigente la presente Ley.
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