El diputado Luís Fernando Rodríguez Giner, presentó inciativas de reformas que reparan las serie de lagunas que pudiera presentar a la Ley de Ejecución de Penas y Medidas Judiciales del Estado de Chihuahua, en el marco de la vigencia próxima de leyes acordes al Código Nacional de Procedimientos Penales que habrá de entrar en vigor en esta entidad federativa el día 13 de junio de 2016.
Luis Fernando Rodríguez Giner,recordó que el 26 de noviembre de 2014 aprobó reformas Código Penal del Estado de Chihuahua, Ley de Ejecución de Penas y Medidas Judiciales del Estado de Chihuahua, Ley de Justicia Especial para Adolescentes Infractores del Estado de Chihuahua, Ley Estatal de Protección a Testigos, Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Chihuahua, Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, Ley Reguladora de la Base de Datos Genéticos para el Estado de Chihuahua, así como de la Ley de Extinción del Dominio del Estado de Chihuahua; Decreto que fue publicado en el Periódico Oficial del Estado del día 29 de dicho mes y año.
Entre los objetivos de la Iniciativa aprobada, se refirió el relativo a la necesidad de armonizar las citadas leyes estatales con el Código Nacional de Procedimientos Penales que habrá de entrar en vigor en esta entidad federativa el día 13 de junio de 2016.
La reforma establece el artículo 176 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que la Autoridad de Supervisión de Medidas Cautelares y de la Suspensión Condicional del Proceso, será la instancia que tendrá por objeto el proporcionar a las partes información sobre la evaluación de riesgo que representa el imputado, así como el seguimiento de las medidas cautelares determinadas por el órgano jurisdiccional, distintas a la prisión preventiva, y de las condiciones impuestas en caso de suspensión condicional del proceso.
Sin embargo omite determinar si es en el ámbito del Poder Ejecutivo o en el del Poder Judicial donde debe ubicarse la misma, omisión que ha dado lugar a que más de una entidad federativa haya determinado adscribirla al Poder Judicial.
Se plantea la reincorporación de dichas funciones a la Fiscalía General del Estado, así como la asignación de la elaboración del análisis de evaluación de riesgo, se significará en importantes ahorros presupuestarios y financieros para el Estado, ya que el Departamento de Ejecución de Medidas Judiciales de la Fiscalía Especializada en Ejecución de Penas y Medidas Judiciales cuenta actualmente con una plantilla de personal profesional y de apoyo distribuido en todos los distritos judiciales del Estado.