El coordinador de los legisladores del PRI, Rodrigo de la Rosa Ramírez, desmintió le declaraciones que hiciera el exalcalde Marco Quezada ante la supuesta presión del ejecutivo del Estado sobre el tema AeroShow, ya que el poder legislativo acata en sus facultades las sanciones que impliquen las resoluciones tanto por la auditoría como por la recomendación emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos con respecto a este hecho.
De la Rosa Ramírez indicó que el congreso del Estado habrán está revisando por una parte la auditoría especial realizada en torno al evento del extremo AeroShow ocurrido el pasado 5 de octubre de 2013, además de estar llevando acabo por otra parte la revisión de la recomendación emitida por la CNDH.
Señaló que el congreso del Estado cuenta con facultades sancionadoras a través de la ley de responsabilidades de funcionarios públicos, para lo cual se estarán destinando en ese sentido algunas sanciones que ameritan desde la sanción administrativa hasta una inhabilitación del cargo por 15 años.
En relación al comentario del exalcalde Marco Quezada sobre la supuesta presión del ejecutivo del Estado sobre la decisión que tomar el poder legislativo en torno al caso extremo AeroShow, el congresista el PRI indicó que tales Declaraciones carecen de sustento, “quiero darles la seguridad de que no hay influencia ni presión por parte del ejecutivo como lo ha dicho el licenciado Quezada en relación a una toma de decisión que vaya a hacer el viernes el poder legislativo, aquí nosotros lo que estaremos revisando es un dictamen que emitió la Auditoría Superior del Estado, por un lado por otro estaremos revisando la recomendación de la CNDH, lo que pasa es que ha dos años de este trágico evento se nos olvida que hubo sangre, que hubo muertos, se nos olvida que hubo lesionados, que actualmente hay familias que vivieron esa tragedia pero que también todavía tienen un familiar cercano impedido físicamente para realizar su vida como anteriormente la tenía, esos son los actos que tendremos que analizar en relación a la documentación”, acotó.
Respecto a las sanciones, aseguró que el Congreso está facultado contra los funcionarios públicos y con base a la ley de responsabilidades van desde amonestación, una sanción económica, una suspensión del cargo de 5 a 60 días y una inhabilitación de 30 días hasta 15 años.