En medio de un clima de impunidad y miedo, litigantes del Consejo Estatal de Colegios de Abogados han solicitado soluciones a las autoridades competentes, las cuales abarcan la creación de una Fiscalía Especializada para la atención de crimenes contra abogados en la entidad.
David Oscar Castrejón Rivas, presidente del Consejo Estatal, detalló que hasta la fecha van 53 abogados asesinados, indicando que algunos trabajaban en la Fiscalía y al retirarse eran asesinados, tal es el caso de la abogada Silvia Soto Medina que fuge asesinada un mes después de renunciar.
Castrejón Rivas detalló que el gobierno para evadir responsabilidades en el esclarecimiento de los homicidios, justificaban que estos eran penalistas y trabajaban en asuntos peligrosos, sin embargo indicó que hay litigantes asesinados que trabajaban en lo penal, en lo laboral e incluso eran maestros de la Facultad de Derecho.
“Es una excusa que refieran la justificación de lo penal, se tiene que esclarecer los homicidos y ponerle atención. En los últimos días van dos abogados asesinados, queremos la Fiscalía especializada y que se entreguen copias de las carpetas de investigacion”, detalló.
Indicó que las suposiciones sobre las líneas de investigacion refieren al homicidio de abogados por pago de honorarios, por asuntos ganados o por términos personales, pero se desconoce la realidad porque la Fiscalía ha puesto trabas tanto al Consejo como a las mismas familias.
Por temor, familias de abogados asesinados se van del estado
La época de la muerte en Chihuahua afectó a diferentes sectores, uno de ellos el de la abogacía. Varios de abogados fueron asesinados durante el 2010 a la fecha, solamente cerca de seis casos han sido resueltos, dejando una gran cantidad de expedientes en espera de dar conclusiones sobre los responsables de la muerte de los defensores.
Héctor González Monek, abogado juarense y ex presidente de la Federación Estatal de Colegios Abogados, señaló que derivado de esta problemática, un porcentaje grande de familiar chihuahuenses emigraron a otros países o estados por el miedo a las represalias que pudieran generarse en relación al homicidio del padre de familia.
Para las fechas más críticas de la violencia en la entidad, siete de cada 10 despachos de abogados cerraron, mientras que los otros tres estuvieron operando con seguridad para protegerlos de los probables ataques de los que pudieran ser víctimas.
El reto de los colegios o asociaciones de Abogados
A pesar de que el número de asesinatos ha disminuido, la alerta latente se encuentra en forma de prevención, sin embargo más allá de la lesión y la frustración que representa el homicidio de los litigantes, el verdadero significado se encuentra transformándose a un reto, indicó el abogado juarense.
Explicó que los colegios de abogados o asociaciones se encuentran gestionando ante la Fiscalía General del Estado (FGE) la creación de un área especializada que se dedique a resolver homicidios de defensores, teniendo diversas reuniones con el fiscal general, Jorge Enrique González Nicolás, para explicar la necesidad que representa la creación de esta fiscalía.
Chihuahua y sus desplazamientos provocados por la violencia
En relación a este mismo punto de la migración o emigración, el Centro de Vigilancia del Desplazamiento Interno (Internal Displacemente Monitoring Centre) reportó que en México unas 160 mil personas se desplazaron de sus lugares de origen a otras regiones del país por causas relacionadas con la violencia del narcotráfico.
En este informe, así como otros relacionados con el tema donde señalan a más de 280 mil despalzados, se posicionó a Chihuahua dentro de las entidades con más movimientos asociados con el crimen organizado.
La investigadora María del Socorro Velázquez, plasmó en un trabajo el movimiento que se generó en Ciudad Juárez a raíz de la violencia, pero también incluyend otros factores que en simbiosis con la delincuencia provocaron más desplazamientos, estos factores fueron la inseguridad y el desempleo.
En su investigación publicada en 2012, se indicó que el 29 por ciento de los migrantes de Ciudad Juárez se mudaban a ciudades de Estados Unidos, mientras que el 24 por ciento especificamente a El Paso. El 14 por ciento correspondió a mudanzas a otros estados, el 7.5 por ciento a Coahuila y Durango, así como un 6 por ciento a otro municipio de la entidad chihuahuense.