El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) revocó la sentencia de violencia política en razón de género en contra de la diputada federal Andrea Chávez, representante plurinominal de Ciudad Juárez, y otros quince usuarios de redes sociales.
La sala superior del Tribunal consideró que no se acreditó la supuesta agresión en contra de la diputada del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Gabriela Sodi Miranda, por lo que la legisladora juarense no será inscrita en el padrón de sancionados por violencia política de género y tampoco se impondrán sanciones económicas a los usuarios que fueron denunciados.
La inclusión de la legisladora en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres le generaría su inhabilitación en el proceso electoral del 2024, según quedaba establecido en la primera resolución que fue impugnada por la legisladora.
Fue en noviembre pasado cuando se realizó la comparecencia de la titular de la secretaría de cultura, Alejandra Frausto, en donde la diputada perredista fijó la postura de la bancada y señaló que el Fondo de Cultura Económica no debía a dedicarse a fomentar la cultura, pues le competía solo la venta de libros.
Esto fue publicado por la diputada juarense en Twitter y señaló que solamente se hizo en carácter informativo, sin usar calificativos en contra de la legisladora.
“Nunca puse en entredicho la capacidad intelectual, su físico, su salud mental de la diputada. Nunca puse un adjetivo que pretenda calificarla de alguna forma, simplemente hice uso de mis redes sociales para informarle a la ciudadanía sobre lo que sucedía en ese momento en la comparecencia de la secretaria de Cultura”, precisó.
Por ello, la diputada de Morena, subrayó que la sentencia de la Sala Especializada atentaba en contra del derecho a la libertad de expresión, de la inviolabilidad que reviste a las y los diputados federales y que les permite controvertir los posicionamientos de grupos parlamentarios opositores con los que no se esté de acuerdo, así como del derecho al acceso a la información que tiene la ciudadanía.
Source: Local
