El coordinador estatal de la Tarahumara, Miguel Ángel González, informó que la empresa TransCanada estaba buscando un acuerdo directo con indígenas de la comunidad de San Luis de Majimachi para la construcción del gasoducto.
Se especificó que están buscando un acuerdo de una remediación económica que beneficie a la comunidad, pero también las negociaciones van dirigidas al retiro de los amparos interpuestos por la comunidad debido a la falta de consulta pública y los daños ocasionados por la obra.
“Apostamos a que se lleguen a acuerdos con ellos, pero lo están haciendo directamente con la comunidad y sus asesores, además está interveniendo la dependencia hasta donde desean los rarámuris”, detalló el funcionario estatal.
La comunidad San Luis de Majimachi en Bocoyna, de 400 habitantes indígenas, se ha visto violentada por la construcción del gasoducto Encino-Topolobampo, por el cual fue presentado un amparo para detener la construcción, derivado de las afectaciones al bosque, a la cultura Tarahumara y a las propiedades de los habitantes de la comunidad.
TransCanada es la empresa encargada de la construcción de una de las obras más aclamadas por la administración actual, dicha empresa ha generado diversas afectaciones a los municipios serranos y la molestia se centra en la falta de consulta pública, así como en el seguimiento del trabajo a pesar de un amparo.
Los representantes indígenas indicaron que las únicas negociaciones que se realizaron fueron con el Gobierno y con el ejido, agregando que el ejido no representa totalmente a la comunidad de Majimachi, por lo que al tener inconformidades la empresa entregó 10 mil pesos a los ejidatarios.
Derivado de esto, se interpuso un amparo el cual resultó positivo por el juzgado tercero de distrito, mismo que ordenó la suspensión de la obra de manera inmediata, señalando que esto ponía en riesgo la posesión del territorio y atentaba contra la cultura de los mismos.
Se aclaró que hasta el 26 de mayo comenzaron a trabajar a pesar de la resolución del amparo, por lo que la empresa comenzó a jugar en una estrategia donde defraudó a ochenta indígenas, solicitando la firma de cada uno de ellos indicándoles que era para otro tema y estas fueron presentadas para abolir el amparo.
La empresa buscó que la comunidad se presentará en contra o inconformes con el amparo interpuesto y se llevó al gobernador indigena, sin ningún traductor, para que rectificará que estaban dispuestos a negociar y dejar de lado el amparo para la suspensión de la obra.