El Gobierno del Presidente Donald Trump está implementando una nueva política respecto a las menores de edad migrantes que vienen embarazadas cuando cruzan la frontera: no permitirles tener un aborto aún cuando haya una orden judicial de por medio.
De hecho, y en forma extraordinaria, el nuevo burócrata que dirige la oficina federal que coordina los refugios para estos menores ha hablado directamente con detenidas para convencerlas de que no interrumpan su embarazo.
El caso de “Jane Doe”, una migrante centroamericana de 17 años cuya identidad no ha sido revelada por abogados que la defienden, representa el giro en política y sobre todo, la mentalidad de ese funcionario que es responsable de la salud de miles de estos jóvenes.
Scott Lloyd, el nuevo director de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados, se involucra tanto en las vidas de los menores de edad que migran a Estados Unidos que, según consta en documentos legales, ha intervenido personalmente para convencer a niñas embarazadas que no aborten.
“Lo que el Gobierno federal está haciendo no tiene justificación “, dijo a La Opinión Brigitte Amiri, abogada del proyecto de derechos reproductivos de la ACLU que está asistiendo a la menor de edad en presentar su caso en tribunales.
La joven, que llegó al país proveniente de Centroamérica cuando tenía 9 semanas de embarazo, fue arrestada por las autoridades migratorias y enviada a un refugio de ORR, como manda la ley estadounidense.
Según documentos de la ACLU, al llegar al refugio, la muchacha expresó el deseo de interrumpir su embarazo, pero burócratas de ORR decidieron mandarla a un “centro de crisis del embarazo“. En dicho centro recibió consejos en contra del aborto y la forzaron a tener un ultrasonido contra su voluntad.
Estos centros no son regulados por el estado y a menudo no están vinculados con ningún personal médico sino son de afiliación religiosa y su objetivo es disuadir a las mujeres de hacerse un aborto.
La muchacha pidió ayuda legal a la organización y a pesar de que un juez autorizó su aborto, el refugio “la tiene literalmente presa, no la quieren transportar al hospital” para obtener el procedimiento, dijeron fuentes del equipo legal de “Jane”.
“Es alarmante lo que están haciendo”, dijo Amiri. “Ella acudió a un juez para cumplir con la ley de Texas, y el juez designó a un guardián para acompañarla. Pero ORR se rehúsa a cumplir la orden”.
Este viernes, los abogados pidieron una orden de emergencia a un juez federal del Distrito de Columbia para que intervenga en favor de la joven.
La muchacha ya tiene 13 semanas de embarazo y mientras más tiempo pasa, el aborto sería más complicado y peligroso y el retraso podría terminar obligándola a tener el bebé que no quiere, señaló Amanda Bennett, portavoz de Janes´s Due Process, una organización que ayuda a menores en Texas a obtener los permisos judiciales que requieren para tener un aborto sin consentimiento paterno.
Entretanto, empleados del refugio hablan con la muchacha sobre su embarazo, preguntándole “¿Qué nombre le vas a dar al bebé?” a pesar de saber de sus intenciones de abortar.
También informaron a sus padres en Centroamérica de su estado y su decisión de abortar, contra la voluntad de la joven.
Fuente: La Opinión
Source: Mundo
