Los daños de la inseguridad en Chihuahua han generado diversos desplazamientos que se mantienen hasta hoy en día, sin embargo fue en el periodo de tiempo que comprende del 2008 al 2011, cuando familias buscaron asilo en otros países para huir de la violencia.
José Luis Armendariz González, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), manifestó que la problemática en ese periodo de tiempo se agudizó en el Valle de Juárez, ya que apoyaron a alrededor de 25 casos de familias que buscaban asilo en otras regiones.
El derecho humanista manifestó que los apoyos a las familias iban dirigidos en conseguir asilo en otros países o en la expedición de cartas necesarias y solicitadas por las embajadas para poder albergarlos en las ciudades a donde se emitían las solicitudes.
El desplazamiento forzado más reciente se reportó el pasado mes de mayo, siendo las víctimas un total de 15 familias que huyeron del municipio de Urique, desplazándose ocho a Sinaloa y siete más a la capital de Chihuahua.
El desplazamiento forzado de dichas familias correspondió al reporte de enfrentamientos de grupos criminales, amenazas a los pobladores -descartadas por las autoridades estatales- y el desplome de una avioneta donde supuestamente huían ciudadanos.
Otro caso emblemático de solicitud de asilo político y desplazamiento forzado se relaciona con la familia de la activista Marisela Escobedo- asesinada en las afueras de Palacio de Gobierno- los cuales se encuentran exiliados en Texas ante la falta de seguridad y protección por parte del Estado.
Armendáriz González manifestó que es necesario que el Estado establezca un protocolo de identificación de las personas que han sido obligadas a desplazarse, ya sea por producto de amenazas del crimen organizado u otras condiciones de inseguridad derivado del narcotráfico.
“Nos topamos con la complicación de que las autoridades no tienen protocolo de actuación en relación a los desplazamientos forzados, no se indican las razones del éxodo ni de posibles regreso”, detalló el Ombudsman.
Explicó que es necesario visibilizar este problema y generar el esquema donde personas que se vean obligadas a trasladarse en contra de su voluntad y ser considerados bajo un estatus y que se les garantice la salida de la entidad, así como el regreso.