La secretaria de la Mesa Directiva, diputada Graciela Saldaña Fraire (PRD), afirmó que primero debe establecerse el derecho al abasto de agua de las comunidades en el proyecto de Ley General de Aguas, antes que permitir su explotación por parte de empresas del sector privado.
“El agua no debe comercializarse ni privatizarse; no debe ser exclusiva para unos porque eso sólo le afectará a la gente más pobre”, sostuvo.
Al participar en la mesa de análisis “Argumentos de los Derechos Humanos: El Derecho al Agua”, en el auditorio del Centro Nacional de Derechos Humanos (CENADEH), de la CNDH, la legisladora se manifestó en contra de la posibilidad de “la privatización de este recurso”, ya que, dijo, su acceso es un derecho enmarcado en el 4º constitucional.
“La ley está todavía latente en las comisiones unidas de Agua Potable y Saneamiento y de Recursos Hidráulicos; quizás pasado el proceso electoral, se retome en un periodo extraordinario”, explicó.
Advirtió que de aprobarse tal como está, ello implicaría una violación al derecho humano al acceso a este recurso, además de un riesgo para el medio ambiente.
“En caso de utilizarse la fractura hidráulica o fracking, sería un error muy grande en perjuicio de las comunidades y estados del país.
Esto, abundó, porque se perdería una importante cantidad de agua por la perforación de los pozos, además de que se podrían contaminar los mantos acuíferos con metales pesados.
“No se toman en cuenta las necesidades de uso de agua de la gente, no consideran el caso de que la persona esté enferma, o si requiere de mayores cantidades o se ve forzado a trasladarse grandes distancias para tener acceso a ella”.
Pidió hacer una revisión profunda del proyecto de Ley General de Aguas, para que sea un marco normativo democrático.