Diversas organizaciones de derechos humanos y colectivos de la sociedad civil expresaron su temor de que el Ejecutivo federal esté preparando una ley general contra la desaparición forzada “a modo”, exima de su responsabilidad al Estado, y no contribuya a la investigación y muchos menos a la erradicación de este grave crimen, informó La Jornada.
Además, destacaron que la consulta electrónica y los foros anunciados por la Secretaría de Gobernación “parecen más una simulación” para avalar una ley previamente redactada, sin discusión ni debate con la sociedad civil y las organizaciones interesadas.
Incluso, alertaron de la posibilidad de que Enrique Peña Nieto presente dicha iniciativa en su carácter de “preferente” el próximo uno de septiembre, con lo cual obligaría al poder Legislativo a debatir y aprobar dicha ley en un periodo máximo de 30 días naturales, situación que rechazaron categóricamente.
Las organizaciones y colectivos agrupadas en la Campaña Nacional Contra la Desaparición Forzada en México anunciaron que elaboraron una iniciativa de ley general para prevenir, investigar, sancionar y reparar la desaparición forzada de personas y la desaparición de personas cometidas por particulares, la cual surgió de un proceso de revisión y análisis de diversas propuestas presentadas desde la sociedad civil y expertos, así como de recomendaciones de organismos internacionales.
La iniciativa, que será presentada oficialmente el próximo 3 de septiembre al Senado de la República, está en su última etapa de revisión por diferentes expertos, organizaciones de derechos humanos y familiares, y no está exenta de nuevos aportes. Sin embargo, la iniciativa cuenta ya con estructura y contenidos claros, según informaron los representantes de las organizaciones que integran la campaña nacional contra la desaparición forzada.
Las organizaciones que integran dicha campaña y elaboraron la iniciativa están el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos “Hasta Encontrarlos”, la Red Nacional en Defensa de los Derechos Humanos, el Comité de Solidaridad y Derechos Humanos Monseñor Romero, el Comité de Derechos Humanos de la Huasteca y Sierra Oriental, la Brigada Multidisciplinaria, y la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos-Desaparecidos, entre otros.
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