Admite SCJN impugnaciones contra ley de telecom

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aceptó a trámite las controversias constitucionales en contra de la Ley y los Lineamientos del Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel), que la Presidencia y el Senado presentaron el martes pasado, informó el portal 24Horas.

Ambos recursos fueron turnados al ministro Alberto Pérez Dayán quien será el encargado de estudiar la constitucionalidad de los artículos impugnados.
El ministro solicitó a las autoridades demandadas que realicen las contestaciones que considere convenientes respecto al recurso presentado.
La SCJN aclaró que los lineamientos en pugna no serán suspendidos por el momento debido a que ni la Presidencia de la República, ni el Senado lo solicitaron en la demanda inicial.
Cabe recordar que el martes el presidente Enrique Peña Nieto y el Senado presentaron controversias constitucionales por considerar que se otorgaron facultades del Instituto Federal de Telecomunicaciones para regular los derechos de audiencia que no le corresponden.
Al respecto, los presidentes de la Cámara de Diputados, Javier Bolaños Aguilar, y del Senado, Pablo Escudero Morales afirmaron que se deben detener todos aquellos excesos que atentan contra la libertad de expresión.
Bolaños aseveró que debe detenerse todo lo que coarte la libertad de expresión, “que nos ha costado tanto trabajo construir en nuestro país”, y “hacer lo necesario para evitar que alguien caiga en ese tipo de seducción”.
Mientras que Escudero insistió en que los lineamientos del Ifetel iban más allá de lo que establece la ley y se metían a las estructuras de los medios de comunicación, cuando “la radio y televisión son los que deben fijar su propio reglamento y no agentes externos”.
En tanto, el coordinador de los senadores priistas, Emilio Gamboa Patrón, aseguró que el Congreso de la Unión hizo una ley bien puesta pero hubo interpretaciones del Ifetel.
Por su parte, César Camacho Quiroz, coordinador de los diputados priistas coincidió en que esperarán la decisión de la Corte, porque “no somos la autoridad competente”.