Amnistía Internacional (AI) denunció hoy que el “manejo negligente” por parte de las autoridades mexicanas de la investigación sobre la desaparición de 43 estudiantes hace un año expone “un escandaloso encubrimiento orquestado en los niveles más altos de Gobierno”, citó Sin Embargo a la agencia EFE y DPA.
La directora para las Américas de la organización defensora de los derechos humanos, Erika Guevara-Rosas, afirmó en un comunicado que este caso “ha expuesto cómo cualquiera puede desaparecer forzadamente como por arte de magia en el país, mientras quienes están en el poder se enfocan en cubrir las huellas”.
“La tragedia de Ayotzinapa es uno de los peores escándalos de derechos humanos de la historia reciente de México” y “a menos que el Presidente Peña Nieto tome acción real ahora va a continuar siendo visto en todo el mundo como el facilitador de estos horrores”, agregó.
El próximo 26 de septiembre se cumple un año de la desaparición de los jóvenes en el municipio de Iguala, estado sureño de Guerrero. Según la versión oficial, policías de Iguala detuvieron a los estudiantes y los entregaron a miembros del cártel Guerreros Unidos, quienes los asesinaron e incineraron sus restos en un vertedero de basura en el municipio vecino de Cocula.
Se trata de una versión que los padres de los jóvenes se resisten a creer y que ha sido criticada por organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
“La inquebrantable determinación del Gobierno mexicano de convencer al mundo de que los estudiantes fueron asesinados por una banda de narcotraficantes y sus restos quemados en un basurero está actuando como una distracción de cualquier otra valiosa línea de investigación”, agregó Guevara-Rosas.
En particular, enfatizó, las autoridades deberían “explorar el rol de los militares y agencias responsables de hacer cumplir la ley en la tragedia después de que no tomaron acción a pesar de ser conscientes de los abusos contra los estudiantes mientras se estaban llevando a cabo”.
En este sentido, la activista de los derechos humanos planteó que si el Gobierno “está convencido de que los militares no tienen ninguna información relevante que proporcionar, ¿de qué están tan preocupados?”.
“Proteger a los soldados de las investigaciones genera alarmantes preguntas”, insistió.
La desaparición forzada de los estudiantes, según AI, ocurrió en el contexto de una crisis de derechos humanos en México con más de 26 mil 500 personas desaparecidas o cuyo paradero es desconocido en todo el país en los últimos años, casi la mitad durante la gestión de Peña Nieto, iniciada en diciembre de 2012.