En medio de un ambiente de incredulidad hacia los 10 partidos políticos particiapantes y de alerta en al menos 14 zonas consideradas como focos rojos por la violencia generada tanto por el crimen organizado como por la inconformidad de organizaciones y ciudadanía, el próximo domingo 7 de junio en Guerrero se llevará a cabo la jornada electoral intermedia para elegir un nuevo Gobernador, 81 alcaldes y 46 diputados.
El pasado 28 de mayo, el Instituto Nacional Electoral (INE) incluyó a Guerrero, Tamaulipas, Michoacán y Jalisco dentro de los estados de la sección de Atención Especial por inseguridad.
En tanto, por conflictos sociales señaló a dos entidades: Oaxaca por la actuación que pidiera tener el magisterio para impedir el proceso, y cuatro regiones de Guerrero: Chilpancingo, Tixtla, Tlapa de Comonfort y Chilapa de Álvarez, zonas donde actúan organizaciones que, con la protesta por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, promueven la no realización de las elecciones.
En total, el INE identificó hasta el mes de abril, 15 mil 134 Secciones de Atención Especial en todo el país; por situaciones de alto índice de migración, 8 mil 128 secciones; por alta inseguridad pública, 6 mil 656; problemas de salud pública, 991, y por discriminación, 458.
Aunque el organismo electoral sólo contempla cuatro zonas de alerta en Guerrero, el Ejército mexicano reforzó la seguridad en dos más: Iguala y Ciudad Altamirano, ello ante las amenazas del Movimiento Popular Guerrerense (MPG) de impedir las elecciones.
Por su parte, las autoridades estatales han identificado al menos 14 regiones de la entidad guerrerense que son considerados como “focos rojos” para el desarrollo pacífico de la jornada electoral: Tixtla, Chilapa, Tlapa, Chilpancingo, Teloloapan, Iguala, Cocula, Tlapehuala, Atlixtac, Atoyac de Álvarez, Ahuacuotzingo, Coyuca de Benítez, Ciudad Altamirano y la zona conurbada de Acapulco.
El proceso electoral que se vive en Guerrero es considerado por analistas como el más difícil y conflictivo de su historia. El Partido de la Revolución Democrática (PRD), que llegó al poder estatal en 2005 con Zaferino Torreblanca Galindo, no significó para los guerrerenses un cambio, al contrario, esta situación se acentuó con la llegada al poder de Ángel Heladio Aguirre Rivero.
El sexenio que está por concluir estuvo enmarcado por escándalos alrededor de la familia de Aguirre, pero sin duda, el conflicto que detonó el declive de su gobierno fue el asesinato de seis normalistas y la desaparición de 43 de la Escuela Rural Raúl Isidro Burgos el pasado 26 de septiembre.
De acuerdo con la versión oficial de la Procuraduría General de la República (PGR), el ex Alcalde de Iguala, José Luis Abarco Velázquez y su esposa María de los Ángeles Villa Pineda, fueron los actuales intelectuales de la desaparición de los estudiantes.
Estos hechos generaron el descontento social no sólo en Guerrero, también en todo el país, donde miles de personas salieron a las calles en rechazo a la violencia y exigiendo la aparición con vida de los jóvenes.
Desde la desaparición de los estudiantes las manifestaciones no han cesado, la noticia de la responsabilidad de Abarca en la desaparición de los 43 confirmó lo que los padres sospechaban desde el principio: las autoridades coludidas con el crimen organizado involucradas en la desaparición de sus hijos.
Por ello, desde el arranque de las campañas electorales, padres y familiares de los normalistas de Ayotzinapa desparecidos hace más de ocho meses han solicitado a los ciudadanos rechazar los comicios en Guerrero.
“Le vamos a decir al INE que no debe haber elecciones en Guerrero, porque votar por la clase política es votar por narcopolíticos y eso significa la muerte”, dijo durante una entrevista Melitón Ortega, padre de Mauricio Ortega Valerio, uno de los desaparecidos.
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