Desde el inicio del Gobierno de Enrique Peña Nieto la frecuencia de las agresiones a comunicadores es de una cada 26.7 horas. Sin embargo, en lo que va de este mes, justo cuando en el país se llevan a cabo campañas políticas pertenecientes al proceso electoral 2014-2015, el índice aumentó a una agresión contra la prensa cada 10.6 horas. Es decir, al menos dos atentados contra comunicadores cada día, denunció la organización internacional Artículo 19. Por tal motivo, dijo, no hay condiciones para ejercer con libertad y seguridad la labor periodística.
En los primeros 15 días de mayo de este año la organización documentó 34 agresiones contra la prensa en México, donde los principales agresores son miembros del crimen organizado y funcionarios públicos, así como sujetos desconocidos. De los ataques registrados “20 fueron dirigidas a hombres, siete a mujeres, seis a medios de comunicación y una a un colectivo de la sociedad civil”, detalló Artículo 19.
“El aumento abrupto en la frecuencia de agresiones a comunicadores durante la primera quincena de mayo es una clara muestra de la falta de condiciones para ejercer el derecho a la libertad de expresión en el actual contexto electoral”, argumentó la organización a favor de la libertad, por medio de una alerta.
De acuerdo a la documentación llevada a cabo por Artículo 19, “los principales agresores a la prensa durante este periodo fueron grupos del crimen organizado con al menos 15 agresiones documentadas, funcionarios públicos con siete agresiones y partidos políticos con cinco agresiones registradas. El resto de las agresiones [siete] fueron cometidas por perpetradores que se desconocen. El aumento de agresiones a periodistas en contexto electoral se hace aún más visibles con los cinco ataques perpetradas por integrantes o simpatizantes de partidos políticos que se han documentado en lo que va del mes”, explicó.
En el mapa de agresiones se encuentran la siguientes entidades federativas: Baja California Sur, un caso; Chiapas, un caso; Colima, dos agresiones; Distrito Federal, tres agresiones; Guanajuato, un caso; Guerrero, 16 ataques contra la prensa; Puebla, un caso; Quintana Roo, dos casos; Veracruz, dos agresiones; Yucatán, dos casos; y Zacatecas, tres ataques.
Entre el tipo de agresiones, Artículo 19 documentó las siguientes: física o material, 11; amenazas, ocho; intimidaciones, cuatro; ataques cibernéticos, cuatro; asesinatos, uno; bloqueo informativo, uno; secuestro, uno, entre otros.
RECUENTO DE AGRESIONES
El 4 de mayo Artículo 19 informó que tuvo conocimiento de las amenazas dirigidas en contra de la periodista Gabriela Vives y su colaborador José Luis Guzmán Monroy en MVS Radio por revelar vínculos del crimen organizado con el gobierno de Colima y Jalisco. El viernes 1 de mayo alrededor de las 19:30 horas, la periodista recibió una llamada a su celular en la que le advirtieron “Síganle tirando mierda a Nacho, no son nadie y cuando sea Gobernador se los va a cargar la chingada a ti y al chaparrito hocicón, no saben con quién se meten”. José Ignacio Peralta, conocido como “Nacho”, es el actual candidato a Gobernador de Colima por el Partido Revolucionario Institucional (PRI).
Tanto Bartolomé Canché Pech, como Hernán Casares Cámara, periodistas del Diario de Yucatán, ha sido víctimas de amenazas, agresiones físicas y materiales e intimidaciones.
Bartolomé Canché Pech –hermano del periodista Edwin Canché Pech, torturado por órdenes del alcalde de Seyé, Ermilio Dzul Huchim por documentar el choque de su sobrino–, informó a Artículo 19 del aumento de amenazas y hostigamientos en su contra por dar cobertura a eventos de campaña del municipio de Seyé.
El sábado 2 de mayo el periodista Hernán Casares Cámara, periodista del Diario de Yucatánfue agredido por alrededor de 25 personas mientras intentaba documentar un caso de posibles bodegas del Partido Revolucionario Institucional (PRI) con despensas a ser repartidas con fines electorales.
Asimismo, la organización documentó cuatro agresiones relacionadas a eventos vinculados a campañas electorales del Partido Verde Ecologista de México (PVEM). Los periodistas Misael Camarillo, del Periódico Mirador; Silvia Alvarado, de Radio Zacatecas y Alejandra Alvarado, de Pórtico Online fueron agredidos el jueves 7 de mayo por personas que esperaban lentes y exámenes de vista obsequiados por el PVEM. Cuando los periodistas quisieron documentar los sucesos –incluyendo la presencia de funcionarios del Instituto Nacional Electoral (INE) que no quisieron identificarse– comenzaron a ser insultados y fotografiados por la encargada del evento y por personas que esperaban ser atendidos. Una mujer tomó fotografías a la cara de Alejandra Alvarado y le quitó con violencia el celular para después darle un golpe en la mandíbula, mientras otra persona decía “saca la fusca para que se vayan”.
El domingo 10 de mayo el periodista Alejandro Alarcón Zapata fue agredido física y verbalmente en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, mientras daba cobertura a la entrega de despensas del PVEM. Alejandro Alarcón comenzó documentar con su cámara un camión de carga con mujeres haciendo filas mientras personas vestidas de verde repartían despensas. Alejandro observó que en la parte trasera del camión se encontraba Hugo Pérez Moreno, supuesto candidato del PVEM y ex subsecretario de transporte de Chiapas.
Artículo 19 tuvo conocimiento del secuestro a un periodista en Guerrero, por medio de información hecha pública por la Fiscalía General del Estado (FGE). Por medio de la alerta la organización detalló que debido a la confidencialidad de la información por respeto a la familia de la víctima que ha pedido expresamente no hacer difusión del caso mientras continúan las negociaciones con los secuestradores.
Los días 10, 11 y 13 de mayo periodistas de distintas zonas de Guerrero fueron agredidos en el contexto de violencia que se vive en el municipio de Chilapa, Guerrero. En comunicación con Ezequiel Flores, corresponsal de Proceso en Guerrero. El domingo 10 de mayo, Pedro Pardo de AFP, Bernardo Torres de Uno TV, Ezequiel Flores de Proceso y otros dos periodistas acudieron en grupo a Chilapa con el objetivo de dar cobertura a la situación de violencia.
A pesar de haber sido bienvenidos en la entrada por un retén de civiles armados conocidos como “comunitarios” –presuntamente vinculados a un grupo del crimen organizado en la región–, momentos después uno de los integrantes de éste les advirtió “dejen de hacer tanta pregunta porque si no de aquí no van a salir y de mi cuenta corre”.
La segunda agresión contra periodistas ocurrió al día siguiente, lunes 11 de mayo, cuando un grupo todavía más numeroso de periodistas acudió nuevamente a dar cobertura a la situación de Chilapa, entre los cuales se encontraban Alejandro Ortiz de Enfoque Informativo, José Luis López Santana de Televisa Guerrero, Luis Daniel Nava de El Sur, Gustavo Alberto Nava de Diario La Plaza y director del semanario Visión Urbana, así como alrededor de otros diez periodistas a los cuales no nombramos por no haber tenido su consentimiento explícito para hacerlo.
La tercera agresión en Chilapa se dio el día 13 de mayo, cuando alrededor de 20 periodistas fueron encañonados y agredidos verbalmente nuevamente por aproximadamente de 15 “comunitarios”.
“Veracruz y sus zonas fronterizas continúan siendo de los estados más peligrosos para la prensa. El pasado 4 de mayo fue encontrado sin vida el periodista Armando Saldaña Morales en Cosolapa, Oaxaca, municipio que colinda con el estado de Veracruz. El comunicador trabajaba en el área de noticias de la estación Ke Buena 100.9 F.M. en Tierra Blanca, Veracruz. Armando daba cobertura a la zona limítrofe entre Oaxaca y Veracruz desde hace 25 años, principalmente temas de política y conflictos cañeros y campesinos en la región. El homicidio de Saldaña es el tercer asesinato de un periodista en lo que va del año, los dos homicidios anteriores sucedieron uno en Veracruz y otro en Oaxaca”, denunció Artículo 19.
Los portales en internet de noticias Rompeviento TV, La Jornada Oriente y SinEmbargo así como la campaña a favor del aborto, difundida en www.andar.com.mx, sufrieron ataques cibernéticos en las últimas 48 horas del jueves 14 de mayo, “acciones que afectaron su funcionamiento, borraron sus contenidos y en algunos casos tiraron sus páginas de internet por algunas horas, imposibilitando el flujo de datos en todos los casos y afectando el derecho de la ciudadanía a estar informada”.
ESTADO DE CENSURA
El Estado mexicano ha fallado en su labor de garantizar la libertad de expresión y proteger la integridad de los periodistas que hacen uso de ella, de acuerdo con el informe anual “Estado de censura” realizado por Artículo 19. Hablar, cubrir o investigar temas relacionados con corrupción, protesta social o delincuencia común u organizada, ha puesto en riesgo a reporteros, editores, fotógrafos, locutores, blogueros, tuiteros, defensores de derechos humanos, entre otros, indica el documento.
A pesar de los mecanismos que existen –y que atraviesan “su peor crisis de legitimidad”–, la impunidad y deficiencia pesaron más durante los dos primeros años de la administración de Enrique Peña Nieto, donde los atentados contra la prensa se dispararon a 326 y, cuyos principales agresores son funcionarios públicos y miembros del crimen organizado.
El informe, dado a conocer en marzo, dice que el promedio de agresiones a la libertad de expresión en México subió 80 por ciento durante los dos primeros años de gobierno de Peña Nieto. En el sexenio anterior, agrega, se documentaron 1,092 agresiones, un promedio anual de 182 ataques; mientras que en los dos primeros años del gobierno actual se registraron 656 —330 en 2013 y 326 en 2014—, un promedio de 328 ataques al año.
“Con Felipe Calderón Hinojosa se agredía a un comunicador cada 48.1 horas y con Peña Nieto es cada 26.7 horas”, detalló.
El informe establece que las agresiones a mujeres comunicadoras y documentadoras aumentaron de forma considerable. “En los seis años de gobierno de Felipe Calderón, 192 mujeres sufrieron algún tipo de agresión por su ejercicio profesional, un promedio de 32 al año; durante el actual gobierno se han perpetrado 122 ataques, 59 en 2013 y 63 en 2014”.
“La impunidad es el común denominador en ambas administraciones. Los órganos encargados de la procuración de justicia, federal y local, han permitido que estos ataques continúen. Por ninguna de las agresiones graves documentadas existen personas sentenciadas penalmente; además, donde hay avances en las investigaciones, las líneas de seguimiento están desvinculadas del ejercicio profesional de las víctimas. Por acción u omisión, las autoridades vulneran la seguridad de los periodistas al no llevar justicia y reparación del daño a las víctimas y a sus familiares”, dice el reporte.
Edison Lanza, relator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), manifestó también su preocupación sobre las acciones de los gobiernos de América Latina para controlar los medios de comunicación.
Durante el seminario magistral titulado Mirada Global sobre la Libertad de Expresión, organizado por Artículo 19 el día de ayer, el relator de la CIDH detalló hechos como: la creación de medios por parte del Estado para atacar a la oposición; las condiciones por medio de licitaciones a empresarios de medios; o que los gobiernos premien o castiguen a los medios con publicidad.
“Es preocupante que quien haga crítica se vea amenazado o censurado”, dijo Edison Lanza durante la conferencia.
También refirió que no hay garantías para los periodistas dentro de los medios. “No hay mecanismos legales para que un periodista defienda su autonomía”, detalló el relator de la CIDH, quien agregó que quienes regulan el sistema de medios normalmente no tienen autonomía.
En relación con las agresiones graves a la prensa, 54 periodistas fueron asesinados —un promedio de nueve por año— en el periodo de Felipe Calderón; en tanto que con Peña Nieto son nueve los comunicadores muertos —cuatro homicidios en 2013 y cinco en 2014— en lo que va del sexenio.
“Asimismo, se documentó la desaparición de 10 periodistas durante el gobierno anterior —un promedio anual de 1.6—, y de cuatro más —dos por año— en la presente administración. El 47.8 por ciento de los periodistas que fueron agredidos en 2014 trabajan en medios impresos; 20.8 por ciento labora en plataformas digitales; y otro 16 por ciento, en radio y televisión. El 13.4 por ciento restante son periodistas independientes, así como defensores de derechos humanos que realizan labores de documentación en actos de protesta social”, se lee en el documento.
SinEmbargo