Reducir el monto del impuesto al consumo de refrescos no es un mensaje correcto desde la perspectiva de la salud pública ni se apega a la decisión del presidente Enrique Peña Nieto, quien expresó su respaldo al gravamen como alternativa para desalentar el consumo de bebidas azucaradas.
Éstas han sido determinantes en la epidemia de sobrepeso y obesidad que afecta a 70 por ciento de los adultos en el país, advirtió Mauricio Hernández Ávila, director del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP).
Sobre el tema, la titular de la Secretaría de Salud (Ssa), Mercedes Juan, señaló que el resultado del impuesto ‘‘ha sido importante porque ha bajado el consumo de las bebidas azucaradas y aumentó el de agua’’.
Sin embargo, acotó que no se debe satanizar a ningún producto, sino buscar que ‘‘las personas sepan qué deben consumir y en qué medida’’ para evitar problemas de salud.
Por separado, Hernández Ávila exhortó a los legisladores a que no se dejen sorprender por los cabilderos de la industria refresquera, pues el impuesto es una medida de salud que funciona. Una disminución, aunque sea en forma específica para las bebidas que contengan menos de 50 gramos de azúcar por litro, sería como enviar un mensaje a la sociedad de que hay refrescos ‘‘buenos y otros malos’’.
El especialista recordó que con la aprobación del impuesto especial sobre produccción y servicios (IEPS), que se ha aplicado a los refrescos durante los pasados dos años, ha habido recursos para dotar de agua potable a las escuelas. Es un proyecto en curso, pero de mantenerse la medida fiscal también podría plantearse el diseño de una campaña de información que promueva el consumo de agua y los hábitos saludables, indicó.
Fuente: La Jornada