La mayor parte del costo que se paga por la violencia en México sale directamente de los bolsillos y del sufrimiento de los mexicanos y no del Estado.
De acuerdo con el Índice de Paz Global 2016 del Instituto para la Economía y la Paz, México paga por la violencia y la inseguridad un 13 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) cada año; es decir, 2.2 billones de pesos, monto equivalente a 17 mil 525 pesos por persona.
Pero de ese monto, el Estado sólo aporta 3 por ciento, mientras que el restante 10 por ciento del PIB lo pagan los mexicanos con miedo, desaparecidos, como víctimas de delitos y con una percepción elevada de inseguridad, dijo Patricia De Obeso, coordinadora del Instituto para la Economía y la Paz, en una entrevista con SinEmbargo.
“Del costo directo de la violencia el Estado pone sólo el 3 por ciento. El resto lo ponen los ciudadanos de forma indirecta; es decir, es el costo de oportunidades perdidas, sufrimiento, miedo, de los desaparecidos y los homicidios”, explicó De Obeso.
De acuerdo con el Índice de Paz Global 2016, México ocupa con 33 mil muertes en 2015 el lugar 140 de 163 países evaluados, una posición que lo separa apenas 20 lugares de países en conflictos bélicos reconocidos como Siria, Irak y Afganistán.
La medición reporta que el país se encuentra por debajo de la media mundial, debido a la militarización, las muertes relacionadas con el crimen organizado y el delito común.
Patricia de Obeso explicó que aunque la inversión en materia de seguridad se incrementó respecto al Índice de Paz para México del año pasado, la decisión no se reflejó en resultados.
“El gasto del Gobierno siempre ha ido a la alza, sin tener realmente el peso para reducir algunos delitos de alto impacto. Si estamos invirtiendo de alguna manera, uno esperaría ver esa relación en la disminución de delitos. Pero lo que estamos viendo es que a principios de 2016, en el primer semestre, otra vez van a la alza”, expuso.
México se encuentra entre los 30 países que tienen un mayor impacto por la violencia, y cobra un “impuesto” a los mexicanos para reducir los delitos, sin resultados favorables.
“Cuando hablamos de impacto económico no sólo se mide viendo cuánto invierte un país en contención de violencia, en policías, militarización, o en lo que gastan las empresas en seguridad privada, sino en el gasto indirecto: ¿Cuánto se pierde cuando la gente deja de salir a las calles, en ir a los comercios? ¿Cuánto sufre una familia por perder un padre? Es un ‘impuesto’ por la seguridad que se nos está cobrando a los mexicanos, y que realmente no hemos visto reflejarse en un impacto para poder reducir la violencia en el país”, explicó.
“Un tema fundamental en el cual hacemos señalamiento en el Índice 2016, es sobre los datos oficiales y cómo se registra la información de la incidencia delictiva en México, en particular la tasa de homicidios y desaparecidos. Hoy en día la información oficial no nos permite conocer a ciencia cierta cuántos desparecidos hay en el país”, dijo.
Los familiares de víctimas de desaparición forzada y los activistas que han salido a la búsqueda de fosas en todo el país, han advertido la falta de seguimiento del Gobierno para encontrar a las personas reportadas como desaparecidas.
En las fosas de Tetelcingo y Jojutla en Morelos, por ejemplo, se encontraron cadáveres con número de carpeta de investigación de la Fiscalía del Estado, que fueron inhumados sin avisar a los familiares.
De acuerdo con el poeta Javier Sicilia Zardain en esas fosas había cuerpos con el tiro de gracia, torturados e incluso posibles víctimas de trata.
“No tenemos ninguna relación con la identidad de las personas desaparecidas: cuáles fueron encontradas, cómo las podemos identificar. Por eso hay tantas fosas clandestinas con personas que ni siquiera podemos tener en relación hoy en día. Lo vemos en el índice, cada vez la información oficial discrepa más de los números que nos dicen las encuestas de revictimización”, dijo.
Antonio Mazzitelli, representante para México de la Oficina para las Drogas y el Crimen de las Naciones Unidas (UNODC por sus siglas en inglés), agregó que debe darse una mayor y mejor coordinación entre los estados y la Federación.
“Hay que trabajar más en todos los procedimientos y los mecanismos de un lado. En la alerta temprana de seguimiento de investigación de desapariciones. Sé que algunos estados han hecho más trabajo que otros en tratar de solucionar los listados de desaparecidos. Entiendo que están haciendo esfuerzos”, planteó.
Fuente: Sin Embargo