La detención de Clara Elena Laborín, esposa del narcotraficante capturado Héctor Beltrán Leyva El H y considerada como la líder del cártel de los Beltrán Leyva en el puerto de Acapulco, cimbró a la clase política de la entidad.
Ello debido a que junto a Laborín Archuleta también fue detenido Alan Contreras Páez, El Cha, señalado por el gobierno federal como operador financiero y principal enlace con el empresario acapulqueño Joaquín Alonso Piedra, El Señor de los Fierros.
Alonso Piedra fue aprehendido el 26 de julio pasado por policías federales en la zona urbana del principal destino turístico de la entidad, y este hecho marcó la debacle de Clara Elena Laborín, La Señora, al tiempo que exhibió la red de infiltración de la delincuencia en el sector empresarial y político del puerto.
En ese entonces las autoridades federales señalaron –después de una ola de masacres y señalamientos públicos– que Alonso Piedra, conocido por financiar campañas de PRI y PRD en el puerto, era quien lavaba activos de los Beltrán Leyva en Acapulco.
De esta forma, el eje Laborín Archuleta, Contreras Páez y Alonso Piedra mantenía una relación estrecha con empresarios porteños y políticos, entre ellos el gobernador Héctor Astudillo y el exalcalde priista de Acapulco, Manuel Añorve Baños, considerado como el principal operador político del Ejecutivo, y el actual presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Robespierre Robles Hurtado, protegido de Astudillo Flores.
También con el exacalde de Acapulco y actual líder de Movimiento Ciudadano (MC), Luis Walton Aburto, y el presidente municipal postulado por el PRD, Evodio Velázquez Aguirre.
A mediados de este año Robespierre Robles, el influyente notario público 19 que fue designado por el gobernador Astudillo como presidente del TSJ sin tener carrera judicial y sin mérito alguno, había sido vinculado públicamente con el narco, específicamente con el empresario Joaquín Alonso.
El 28 de julio, Apro dio a conocer que el hijo menor del presunto lavador de los Beltrán en Acapulco, Iván David Alonso Bustamante, se desempeñaba desde noviembre como coordinador de vinculación empresarial de la fundación priista Colosio en Guerrero, que preside el notario y presidente del TSJ, Robespierre Robles Hurtado.
En la edición 2074, la revista Proceso publicó un reportaje titulado “Guerrero en llamas y el gobernador sin control”, donde se da cuenta de los presuntos vínculos de Héctor Astudillo y el presidente del TSJ, Robespierre Robles Hurtado, con el empresario porteño Joaquín Alonso Piedra.
No obstante, cuando al priista Astudillo se le preguntó directamente si el presunto operador de la organización criminal –a quien además se vincula con el empresario Tony Rullan– le había inyectado recursos a su campaña para gobernador, respondió: “No es verdad”.
Pero la red del presunto “lavador” abarca no sólo la esfera priista, sino también a integrantes del PRD, dado que su sobrino José Alberto Alonso Gutiérrez, El Güero, funge como director de Saneamiento Básico de la administración del alcalde perredista de Acapulco, Evodio Velázquez Aguirre, según reportes oficiales.
Alonso Gutiérrez se desempeña en el mismo cargo desde la pasada administración municipal que encabezó el empresario gasolinero y líder de MC en Guerrero, Luis Walton Aburto.
Por su parte, los presuntos nexos de Manuel Añorve con el cártel de los Beltrán Leyva se remontan al año 2010, cuando se desempeñaba como alcalde de Acapulco.
El diario Reforma publicó que en ese entonces Guillermo Francisco Ocaña Prandal, mejor conocido como Memo Ocaña, organizó una gran fiesta con más de 600 invitados en el hotel Hyatt de Acapulco, donde se anunció la construcción de un spa propiedad de Laborín Archuleta.
A pesar de que ya se sospechaba de su vínculo con los Beltrán Leyva, a esa fiesta acudieron celebridades, el embajador de Francia, productores, cantantes y el edil porteño.
Era el tiempo de esplendor de este cártel que en seis años perdió hegemonía a escala nacional pero mantiene un férreo control económico y político en Acapulco, donde el reacomodo ante la detención de Laborín Archuleta advierte mayor inseguridad y violencia.
Proceso